Las autoridades venezolanas iniciaron el jueves el proceso de notificación a los familiares, luego de identificar a las víctimas del incendio en los calabozos de una estación policial que dejó 68 muertos.
Organizaciones humanitarias y opositores están exigiendo una exhaustiva investigación de los hechos que conduzca a los responsables ante la justicia.
Félix Bruguera indicó que funcionarios arribaron la mañana del jueves a su casa para informarle que su hijo Eduardo, de 25 años, está entre las personas que perecieron la víspera en el incendio ocurrido en las celdas del comando general de la policía del estado central de Carabobo.
El joven estaba detenido desde hace cuatro meses por el supuesto robo de un teléfono móvil.
Bruguera responsabilizó a la policía por la muerte de su hijo y dijo, desde las afueras del comando policial, que “esto no es justicia”.
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Unas 75 personas permanecían aglomeradas a las afueras de la instalación policial, ubicada en el centro de la ciudad industrial de Valencia, donde aún se percibe el olor que dejó el incendio.
“Quiero justicia para mi hijo”, expresó Rocky Valera al protestar por la muerte de su hijo, de 27 años, quien estaba detenido en el centro policial señalado de posesión ilegal de un fusil. “Los que hicieron esto tienen que pagarlo”, agregó.
“Gran consternación siento por los hechos”, afirmó el gobernador oficialista de Carabobo, Rafael Lacava, al lamentar las muertes y anunció en su cuenta de Twitter que se había iniciado una investigación “seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos”.
ONU pide investigación "pronta, exhaustiva y efectiva"
El incidente, considerado la segunda mayor tragedia registrada en un centro de detención desde 1994, fue condenado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, que instó en un comunicado a las autoridades venezolanas a llevar adelante una investigación “pronta, exhaustiva y efectiva”.
“Estamos consternados por las terribles muertes”, señaló el comunicado en el que se pide al gobierno que proporcione reparaciones a las familias de las víctimas y lleve a los responsables ante la justicia.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país, también se unió a las críticas y expresó en su cuenta de Twitter que la “indolencia del gobierno” ante la situación de los presos “produce muertes”.
Asimismo, Humberto Prado, director de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, exhortó en su cuenta de Twitter a la Defensoría del Pueblo a que exija al gobierno que adopte medidas urgentes frente a la “grave situación” que atraviesan los centros policiales. Prado recordó que la constitución impone la obligación al Estado de preservar la vida de toda persona presa.
El fiscal general Tarek William Saab informó la víspera que 68 personas perecieron en el incendio de las celdas del comando policial de Carabobo. Entre los fallecidos estaban dos mujeres que pernotaban en el lugar, indicó Saab sin ofrecer más detalles. El Ministerio Público nombró cuatro fiscales para investigar el caso.
Desde hace varios años las organizaciones humanitarias han venido alertando sobre la compleja situación de los centros policiales venezolanos donde se estima que están recluidos más de 1.000 presos. El proceso de traslado de los detenidos desde las comisarias a las cárceles se demora debido a trabas administrativas y procesales.
Venezuela cuenta con una treintena de cárceles donde la población, que alcanza cerca de 50.000 reclusos, enfrenta serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan internamente los penales y trafican armas y drogas.
En 1994 se registró la mayor tragedia carcelaria cuando perecieron 108 reclusos en un incendio en una cárcel de la ciudad occidental de Maracaibo.