El departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el miércoles judicialmente a la ciudad de Ferguson, para obligarla a cambiar su departamento de policía y su sistema judicial, que ha sido señalado como racista.
Un día antes, el concejo municipal de la ciudad había frenado las reformas pactadas con el gobierno federal, al enmendar el acuerdo y suspender, entre otras cosas, el aumento de sueldo a los policías, que según dijeron resultaba sumamente oneroso para la pequeña ciudad.
La procuradora general, Loretta Lynch, dijo en una conferencia de prensa que “la ciudad de Ferguson ya había esperado casi un año para que se adoptara el acuerdo que protegería sus derechos y les daría seguridad”.
Según Lynch, el acuerdo fue producto de una complicada negociación con los funcionarios de Ferguson. Un reporte del departamento de Justicia determinó que la policía y las cortes de la ciudad realizaban prácticas discriminatorias de manera generalizada.
La investigación se inició en 2014 luego que un ofical blanco del departamento de Policía de Ferguson, disparara y matara a Michael Brown, un joven negro que estaba desarmado.
No hubo una reacción inmediata a la demanda civil por parte del concejo municipal.