La enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y extesorera del país durante su gobierno, Claudia Díaz Guillén, compareció el viernes ante una corte federal del sur de Florida, Estados Unidos, bajo acusaciones de delitos de blanqueo de capitales y crimen organizado.
El gobierno de España entregó el jueves a Díaz Guillén a Estados Unidos tras meses de solicitud de extradición en su contra. La corte federal de Palm Beach, en Florida, aprobó una petición de la Fiscalía del Distrito Sur para que no esté libre bajo fianza por “riesgo de fuga”, informaron agencias informativas.
El Departamento de Estado norteamericano acusó a finales de 2020 a Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de participar en “una trama de lavado de dinero y cambio de moneda” que se contaba en miles de millones de dólares, según reportó el Departamento de Justicia.
La prensa internacional precisó que la extesorera de Venezuela acudió a la corte encadenada de pies y manos. Necesitó de una intérprete mientras se leían los cargos penales por los que Estados Unidos solicitó su extradición.
También lea La legislación laboral del chavismo promovió derechos, pero su efectividad y cumplimiento sigue en entredichoLa Audiencia Nacional de España, máximo tribunal de esa nación, había dado su visto bueno a la extradición desde octubre pasado. Guillén y su esposo, quien fue jefe de la seguridad personal de Chávez, residían en Madrid al momento de su detención hace cuatro años.
Son tres los cargos de los que se le acusa: uno por “conspiración para cometer blanqueo de capitales” y otros por “blanqueo de capitales” en bancos de Miami.
La solicitud de extradición de Díaz Guillén, extesorera en los últimos dos años de gestión de Chávez, fallecido en 2013, precisa que su pareja y ella lideraron un supuesto esquema de cambio de divisas para tener ganancias milmillonarias.
Díaz Guillén, siempre de acuerdo con la versión estadounidense, usó cuentas bancarias, creó empresas ficticias y disfrazó “numerosos pagos de sobornos”.
Su esposo y ella intentaron camuflar sus ganancias de esas prácticas corruptas mediante la compra de jets privados, casas, yates, caballos de carrera y relojes, insiste la justicia norteamericana.
Otro de los acusados en el caso es Raúl Gorrín Belisario, un empresario venezolano, de 52 años, dueño y presidente del canal noticioso Globovisión. Según la justicia estadounidense, este pagó millones de dólares en sobornos tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro extesorero nacional.
Gorrín, según Estados Unidos, fue una pieza clave para garantizar ganancias corruptas por los derechos de realizar transacciones cambiarias a tasa favorable.
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