Los empresarios Michael Healy, y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, fueron detenidos este jueves, informó la Policía Nacional.
Ambos, según el comunicado oficial, están siendo investigados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como por violar la Ley 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la cual impone sanciones a quienes “inciten a la injerencia extranjera o gestionen bloqueos económicos contra Nicaragua”.
Con Healy y Vargas sumarían 39 las personas detenidas en los últimos meses en Nicaragua en medio de una jornada de persecusión sin precedente que ha iniciado la administración de Daniel Ortega en los últimos años.
La detención se Healy se dio al salir de una cita de la Fiscalía en horas de la mañana. El empresario evitó hablar con los medios y se limitó a responder que había sido reprogramada la entrevista.
También lea Ministros de la UE piden más sanciones contra el gobierno de Ortega tras eleccionesEl empresario tampoco quiso mencionar la causa por la cual fue citado y descartó ser detenido.
“No lo creo”, dijo Heally al ser consultado por la Voz de América sobre su posible detención.
Desde horas de la noche del miércoles, patrullas policiales se apostaron en las afueras de la residencia del empresario, ubicada en una zona céntrica de Managua, según pudo constatar un equipo de VOA.
Ortega y su guerra con la empresa privada
Desde el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, el mandatario sandinista impulsó el llamado “modelo de diálogo y consenso”, que consistía en una especie de acuerdo entre el sector privado y el oficialismo.
Dicho acuerdo fue cuestionado en muchas ocasiones porque mientras Ortega era señalado de “demoler la institucionalidad” en Nicaragua, los empresarios obtenían algunos beneficios para hacer negocios a cambio de estar al margen de lo político.
La relación entre el empresariado y el Gobierno tuvo fin en 2018 tras unas reformas unilaterales que tomó Ortega en ese entonces y que desembocaron en protestas que dejaron más de 300 muertos.
Desde entonces, Ortega inició una jornada de persecución contra los empresarios. De hecho en los últimos meses fueron detenidos dos altos representantes de la empresa privada: José Adán Aguerri, expresidente del Cosep, y Luis Rivas, representante de una entidad financiera.
También lea Nicaragua: optimismo económico ¿realidad o ilusión?Las detenciones a los empresarios se dan a tan solo semanas que se celebren las elecciones presidenciales cuestionadas por la comunidad internacional.
Ortega ha dicho que llamará a un diálogo nacional después de las elecciones y ha dicho que “el gran capital” puede ser parte de él “si ellos quieren”.
Algunos analistas sentencian que la presión al sector privado se arrecia de cara a los comicios y donde Ortega buscará a toda costa su legitimidad.
Anteriormente Healy dijo a la VOA que la posibilidad de que el sector privado se reúna en diálogo con el oficialismo será “la legitimidad” que vaya a tener el actual gobierno.
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Arrestan a los principales líderes del sector empresarial nicaragüense
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