Fiscalía de la CPI cuestiona avances en investigaciones del Estado venezolano

El Estado venezolano admitió el miércoles que de 124 casos presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) sólo cinco han recibido sentencia condenatoria, durante la segunda sesión de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre el recurso de apelación del Estado contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El abogado Ben Emmerson, representante principal del Estado venezolano, afirmó que en algunos casos hay sospechosos identificados y en otros no, porque “la investigación no ha alcanzado ese nivel” y ninguna de las investigaciones “han acabado”.

“Sí hay casos en los que hubo enjuiciamientos y condenas, sé que hay un caso relacionado con oficiales de relativamente alto nivel”, dijo al responder a la juez Carmen Ibáñez Carranza quien, entre otras interrogantes, consultó cuántos casos tienen sentencia condenatoria.

Posteriormente, en relación a los 124 incidentes, el abogado Aiton Martínez, también en representación del Estado venezolano, precisó que 113 se encuentran en fase de investigación, “habiendo conseguido individualizar como posibles responsables a 166 funcionarios públicos” y “registrando avances significativos”; tres en fase intermedia (con acusación formal); tres en fase de juicio y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados.

“En relación a los rangos dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados que van desde oficiales de policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad 18 comisarios, 39 inspectores, nueve detectives, nueve supervisores, dos oficiales jefe, 26 oficiales y en el cuerpo militar tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y 31 sargentos”, detalló.

La fiscalía respondió que, según sus cálculos, en 47 de 62 casos no se han identificado a los perpetradores, 57 de ellos estaban en fase preparatoria donde no hay acusación formal y en 21 casos la fiscalía evaluó una caracterización jurídica “inadecuada”.

“Venezuela habla de impacto, no ha demostrado dicho impacto, lo único que hemos visto es una presentación con estadísticas, con cifras, con números, pero la complementariedad no se reduce a los números, se trata de la calidad”, dijo una de las representantes de la fiscalía.

Durante su intervención en la audiencia, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, reiteró que la remisión presentada por un grupo de Estados en 2018 pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para “atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.

Gil admitió que se pudieron dar “incidentes aislados de excesos por partes del Estado” ante la “magnitud de las acciones de violencia contra la institucionalidad en Venezuela” , pero negó que pudiesen ser considerados crímenes de lesa humanidad.

Además, defendió la actuación del sistema de justicia del país, precisó que más de 255 agentes del Estado se encuentran imputados y que las investigaciones se han llevado a cabo de manera independiente.

“El número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolano relacionados con la situación supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la CPI en los últimos 20 años, en todas las situaciones sometidas a su comunicación. No se trata de una competición entre Venezuela y la CPI, simplemente se trata de una realidad inobjetable”, añadió en su discurso.

Paolina Massida, jefa de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés) dijo que es por primera vez las víctimas tienen la oportunidad de dirigirse verbalmente ante una sala de la CPI y precisó que su participación es un testimonio del papel que juega la CPI como “faro de esperanza” en la búsqueda de la justicia.

“Mientras hablamos en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad (…) por razones evidente de seguridad no mencionaré sus identidades, pero deseo reconocer públicamente la valiosa contribución que cada una de ellas ha aportado a este procedimiento”, expuso.

Massida reiteró que algunas víctimas indicaron que sus casos fueron desestimados sumariamente sin una investigación adecuada o porque no se encontró que la conducta de los autores fuese de naturaleza criminal. Además, subrayó que las víctimas han sido sometidas a “actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los DDHH”.

“Las víctimas solicitan respetuosamente que la Sala de Apelación considere su búsqueda de justicia y que confirme las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares que justifican que el fiscal reanude la investigación de los terribles crímenes que sufrieron”, finalizó.

El martes fue celebrada la primera audiencia en la que la fiscalía de la CPI, los representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés), presentaron sus argumentos.

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A finales de junio, el fiscal de la CPI, Karim Khan, fue autorizado a reanudar la investigación con el argumento de que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Semanas atrás el Estado venezolano introdujo un recurso de apelación en el que argumentó que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en “errores de hecho y de derecho”.

En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. Posteriormente el gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación.

A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Durante su tercera visita a Venezuela en junio, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país, tal y como se había acordado en marzo del año pasado.

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