La fiscalía guatemalteca solicitó el martes a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por una denuncia de fraude que presentó el partido de la ex primera dama Sandra Torres, que perdió las elecciones presidenciales frente al presidente electo Bernardo Arévalo.
El requerimiento de la fiscalía es una más de las acciones judiciales desplegadas desde la primera vuelta de los comicios presidenciales contra los órganos electorales, así como contra las juntas y sus integrantes que se encargaron del proceso de conteo de votos, a raíz de denuncias de los partidos políticos inconformes con los resultados.
Además aceleró sus investigaciones contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierda que llevó a la presidencia a Arévalo, que es indagado judicialmente por presuntas irregularidades en las firmas que presentó para constituirse como partido y por el que enfrenta varios intentos de suspensión de su personalidad jurídica.
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido de Torres, presentó hace poco más de una semana una denuncia por fraude electoral contra el sistema de conteo de votos que reflejó los resultados electorales.
La ex primera dama, que ha guardado silencio desde que perdió sus terceras elecciones presidenciales, se niega a aceptar los resultados anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dio como ganador al progresista Arévalo.
También lea El presidente electo de Guatemala denuncia "un golpe de Estado en curso"El martes, el TSE entregara las credenciales que acreditan como presidente electo a Arévalo y a su vicepresidenta electa Karin Herrera.
Según el abogado de UNE Carlos López, el partido cuestiona la duplicidad de 164 actas que procesaron los votos emitidos por los ciudadanos en las urnas, por lo que pidieron investigar a los magistrados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral.
Durante las elecciones del 25 de junio, en primera vuelta electoral, hubo incidentes de violencia en cinco municipios del país, lo que obligó a repetir elecciones para alcaldes locales en esos lugares el 20 de agosto, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta electoral general para elegir presidente y vicepresidente.
En esos municipios hubo precisamente 164 mesas electorales en donde además de comicios presidenciales se repitieron las elecciones municipales, lo que derivó en que de cada mesa se emitieran dos actas, una por elección presidencial y otra por la elección municipal.
La UNE también cuestionó que hubo un escrutinio precipitado y que el proceso de conteo fue materialmente imposible de suceder dada la velocidad en que se dieron a conocer los resultados. Por ello, pidieron análisis forenses sobre el sistema de transmisión de resultados preliminares u otro sistema usado por el tribunal electoral, desde la primera vuelta.