La fiscalía peruana asiste el martes al palacio presidencial para interrogar al mandatario peruano Pedro Castillo en una investigación por presunto favoritismo en ascensos de militares. El presidente no está investigado, pero los acusados pertenecen a su entorno cercano.
Esta la primera vez durante su mandato que Castillo -en calidad de testigo y no de acusado- será interrogado por un fiscal, pero ya había ocurrido con otros presidentes: en 2017 y 2018 el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue interrogado por un fiscal por su presunta relación con un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.
La Fiscalía investiga si un exasesor presidencial y un exministro de Defensa de Castillo presionaron a los entonces jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para ascender de forma irregular a cinco militares que laboraban cerca del presidente peruano. Al final los ascensos no se produjeron, pero la fiscalía considera que podrían haberse cometido los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.
La investigación, aún a nivel preliminar, surgió tras una denuncia del ahora exjefe del Ejército José Vizcarra, quien dijo en noviembre que recibió presiones de los entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, y ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno.
También lea El “péndulo” y el autoritarismo marcaron las elecciones en América Latina en 2021Existen otras tres investigaciones preliminares en las que otros fiscales podrían llamar a declarar a Castillo en calidad de testigo, de acuerdo con expertos.
En una, el exsecretario presidencial Pacheco es investigado por presuntamente presionar al jefe de la agencia tributaria para favorecer a una empresa. En otra, el exsecretario está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la concesión de la construcción de una carretera a una compañía.
En el tercer caso se investigan las visitas al mandatario de un empresario petrolero que luego ganó una licitación para venderle biodiésel al país.
Castillo empezó su gestión el 28 de julio y según la ley debe concluir en 2026.
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