La Fiscalía General abrió el miércoles por la anoche una investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de conspiración y rebelión, horas después de que anunciara el cierre del Congreso y declarara un “gobierno de excepción”.
Castillo, que llevaba 16 meses en el cargo, fue removido por el Congreso el miércoles y detenido.
De acuerdo con el Código Penal peruano, el maestro rural podría pasar entre 10 y 20 años en la cárcel si es encontrado culpable de los cargos por los que se le investiga.
La prueba clave de la Fiscalía es el mensaje a la nación que pronunció Castillo el miércoles desde la sede del gobierno.
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La fiscal general Patricia Benavides encabezó el inicio de las diligencias preliminares para recabar más pruebas que sustenten la acusación contra Castillo. La Fiscalía tiene 48 horas para avanzar en la investigación y ese es también el plazo para liberar al exjefe de Estado, de acuerdo con la ley.
La titular del Ministerio Público tendrá que solicitar al Parlamento que se le levante la inmunidad presidencial a Castillo con el fin de procesarlo por supuestos delitos que incluyen tráfico de influencias, organización criminal, colusión agravada, encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos Puente Tarata, Petroperú, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la obstrucción en la captura de los prófugos de su gobierno y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
Otro grupo de fiscales se desplegó a la sede del Consejo de Ministros y diversas carteras ministeriales para recoger más información sobre los presuntos actos de corrupción de la gestión de Castillo. Durante su mensaje a la nación, la nueva presidenta Dina Boluarte dijo que facilitaría el trabajo al Ministerio Público para que avancen con sus indagaciones.
También lea ¿Quién es Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú tras destitución de Castillo?La Policía transportó a Castillo esposado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad en un helicóptero a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito limeño de Ate. En este mismo sitio está preso el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien está condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
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De acuerdo con un acta policial, el expresidente Castillo y su familia abandonaron el palacio de gobierno el miércoles para dirigirse hacia la embajada de México, en el distrito limeño de San Isidro. La Seguridad del Estado recibió la orden de que debía impedir su traslado hacia esa sede diplomática.
Fuentes policiales encargadas de labores de inteligencia indicaron que Castillo buscaba solicitar asilo político a México para evadir a la justicia.
"Si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos”, dijo el miércoles el canciller de México, Marcelo Ebrard, al programa "Atando Cabos" de la emisora Radio Fórmula.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, culpó el miércoles a “las élites económicas y políticas” peruanas por la presión que ejercieron contra Castillo desde el inicio de su mandato.
La defensa legal de Castillo la lidera el exprimer ministro Aníbal Torres, tras las renuncias de sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas.
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