El gobernador del Estado firma una ley que prohíbe a organismos públicos conceder contratos a empresas que hagan negocios con la isla y con Siria.
El gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, firmó este martes una ley que prohíbe a los organismos públicos estatales cerrar contratos con compañías que hagan negocios por valor de un millón de dólares o más con Cuba y Siria.
Scott rubricó la ley durante un acto que tuvo por escenario la Torre de la Libertad, en Miami, un sitio histórico y de gran simbolismo para los cubanos exiliados en EE.UU.
La legislación –dijo Scott- recoge el sentir de todos los que "creemos en la libertad", porque "los fondos de los contribuyentes de la Florida no deben servir para potenciar Gobiernos como los de Cuba y Siria”, ambos en la lista de países que EE.UU. considera patrocinadores del terrorismo.
La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EU.UU., Ileana Ros-Lehtinen, opinó que las empresas "que hagan negocio con los hermanos (Fidel y Raúl) Castro no pueden hacerlo con este país y recibir el dinero de sus contribuyentes".
Ros-Lehtinen admitió que la legislación afectará a las multinacionales que operan en Florida y tienen acuerdos comerciales con Cuba, pero señaló que "no son tantas".
La ley fue aprobada por la legislatura del Estado con un apoyo prácticamente unánime, aunque ha sido objeto de críticas por parte de Canadá, Brasil y de agrupaciones empresariales de Florida.
El gobernador Scott señaló que para evitar que la legislación entre en conflicto con las leyes federales, se ha dado de plazo hasta el 1ro. de julio para su entrada en vigor, hasta que Washington autorice a los Estados a imponer sanciones de forma independiente contra Cuba y Siria.
Los congresistas federales Mario Díaz-Balart y David Rivera, ambos presentes en la ceremonia, dijeron no obstante que a su juicio se trata de una medida que complementa la ley federal y no entra en contradicción con ella.
Scott rubricó la ley durante un acto que tuvo por escenario la Torre de la Libertad, en Miami, un sitio histórico y de gran simbolismo para los cubanos exiliados en EE.UU.
La legislación –dijo Scott- recoge el sentir de todos los que "creemos en la libertad", porque "los fondos de los contribuyentes de la Florida no deben servir para potenciar Gobiernos como los de Cuba y Siria”, ambos en la lista de países que EE.UU. considera patrocinadores del terrorismo.
La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EU.UU., Ileana Ros-Lehtinen, opinó que las empresas "que hagan negocio con los hermanos (Fidel y Raúl) Castro no pueden hacerlo con este país y recibir el dinero de sus contribuyentes".
Ros-Lehtinen admitió que la legislación afectará a las multinacionales que operan en Florida y tienen acuerdos comerciales con Cuba, pero señaló que "no son tantas".
La ley fue aprobada por la legislatura del Estado con un apoyo prácticamente unánime, aunque ha sido objeto de críticas por parte de Canadá, Brasil y de agrupaciones empresariales de Florida.
El gobernador Scott señaló que para evitar que la legislación entre en conflicto con las leyes federales, se ha dado de plazo hasta el 1ro. de julio para su entrada en vigor, hasta que Washington autorice a los Estados a imponer sanciones de forma independiente contra Cuba y Siria.
Los congresistas federales Mario Díaz-Balart y David Rivera, ambos presentes en la ceremonia, dijeron no obstante que a su juicio se trata de una medida que complementa la ley federal y no entra en contradicción con ella.