La ONG venezolana Foro Penal informó este jueves que Venezuela tiene 392 presos políticos, convirtiéndose así en uno de los países más “represores” de la región.
“En diciembre no hubo una disminución real de presos políticos, que era lo que se esperaba, que era la expectativa que se tenía. Sino que más bien hubo un aumento de presos políticos”, afirmó Alfredo Romero, director presidente de la organización.
Explicó que solo en diciembre de este año hubo 22 nuevos presos presos. Y en enero, hasta el momento, hay tres nuevos presos políticos.
Detalló que 2019 cerró con 388 presos políticos, agregando que esta diferencia en la cifra se debe a que “se sigue produciendo lo que ya es conocido por todos y que hemos denominado el ‘efecto puerta giratoria’”.
“La represión en Venezuela sigue aumentando”, sentenció.
Romero afirmó que Venezuela es el país con mayor número de presos políticos en América, “el más represor, al menos”. Puso como ejemplo el caso cubano, donde según organizaciones locales hay 126 presos políticos.
“La represión no solo se limita a los ciudadanos venezolanos”, añadió, explicando que al menos ocho presos políticos son de nacionalidad europea.
Situación de los indígenas
Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la organización, aprovechó para explicar que desde diciembre hasta el día de hoy, el estado Bolívar, al sur del país, es dónde mas se han materializado actos de persecución y de represión por motivos políticos.
Indicó que solo en diciembre, registraron 22 presos políticos en ese estado. “La máquina de represión se ha localizado en el estado Bolívar”, afirmó.
De esta cifra, Himiob resaltó el asalto a una unidad militar en el sur del país en el que murió un miembro del ejército por lo que fueron detenidos 13 miembros de la comunidad indígena Pemón, un adolescente y por confirmar cuatro militares y otros tres civiles.
También lea Un militar muerto en ataque a base militar en Venezuela, gobierno en disputa señala a la oposiciónEl gobierno en disputa aseguró en su momento que se trataba de “sectores extremistas de la oposición” y de un grupo de “criminales”, e incluso acusó a países como Colombia y Brasil de estar involucrados.
“En el caso de los indígenas detenidos, que fueron arrestado además en territorios que ancestral y tradicionalmente pertenecen a los pueblos indígenas, no se les aplicó la jurisdicción especial que ordena nuestra Constitución (…) fueron traídos a Caracas para ser juzgados por tribunales que se ocupan de temas gravísimo como el terrorismo”.
Estarían detenidos en la sede de la División de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en la capital.