La investigación contra Trump en Georgia se cierne sobre sus acólitos

El tiempo corre para el expresidente estadounidense Donald Trump y sus acólitos en el estado de Georgia, donde podrían enfrentar cargos penales por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Un gran jurado, formado la semana pasada, está sopesando las pruebas en su contra, y se espera que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, que dirige la investigación, anuncie los cargos a mediados de agosto.

Trump ya ha sido acusado dos veces en los últimos meses, en Nueva York por pagos secretos a una actriz de cine para adultos en 2016, y en Florida por aferrarse a documentos clasificados del gobierno después de dejar el cargo.
Pero el caso de Georgia es diferente. Afecta no solo a Trump, sino también a sus abogados y a activistas políticos locales.

“Espero que Donald Trump sea acusado”, dijo a la Voz de América Anthony Michael Kreis, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, que ha seguido de cerca el caso. “La pregunta más importante es, ¿quién más sereá acusado junto a él y quién no?, ya sea gente como [el ex abogado de Trump] Rudy Giuliani o [el ex asesor legal de la campaña de Trump] John Eastman o gente en esa línea”.

Trump y sus aliados han desestimado la investigación como una “cacería de brujas” dirigida por un fiscal progresista: Willis, una demócrata que fue elegida fiscal de distrito del condado de Fulton en noviembre de 2020.

Además del caso de Georgia, el fiscal especial Jack Smith está llevando a cabo una investigación federal de las acciones de Trump posteriores a las elecciones y otras antes del asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. Fue el propio Trump quien dijo ser objetivo de esa investigación y que pronto podría ser acusado.

En poco tiempo, Trump podría estar luchando contra cuatro casos penales mientras busca la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.

El trasfondo

En el sistema indirecto de elecciones presidenciales de Estados Unidos, los votantes de cada uno de los 50 estados eligen a los electores que se comprometen a votar por un candidato específico. Un candidato necesita al menos 270 electores para convertirse en presidente. El Congreso cuenta y certifica sus votos.

Trump y sus aliados afirmaron que las elecciones fueron manipuladas después de que perdió el voto popular ante el candidato demócrata Joe Biden.

Luego, supuestamente presionaron a los funcionarios electorales en siete estados en disputa para cambiar los resultados oficiales y organizaron electores suplentes para declarar a Trump como el ganador.

La investigación del condado de Fulton está analizando esos dos esfuerzos superpuestos. Una prueba clave en el caso es una llamada telefónica del 2 de enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.

En la ahora infame llamada, Trump le pidió a Raffensperger, un republicano, que “encontrara” suficientes votos para anular su derrota ante Biden.

“Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos”, dijo Trump.

También emitió lo que Raffensperger tomó como una “amenaza”, diciéndoles a él y a su abogado que podrían enfrentar un proceso penal por no “reportar” el fraude en Georgia.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, brinda una actualización sobre el estado de las elecciones y el conteo de votos durante una conferencia de prensa en el Capitolio Estatal en Atlanta, Georgia, el 6 de noviembre de 2020.

La llamada se produjo después de que los funcionarios de Georgia contaran y certificaran la votación. Pero no fue el único contacto de Trump con un alto funcionario de ese estado. También llamó al gobernador Brian Kemp, instándolo a convocar una sesión especial de la legislatura estatal para investigar el fraude electoral.

Potencialmente pertinente para la investigación, Trump y sus aliados, incluido Giuliani, señalaron a dos trabajadores electorales del condado de Fulton y los acusaron de cambiar el voto a favor de Biden. La falsa acusación dio lugar a amenazas contra las mujeres por parte de cientos de partidarios de Trump, según descubrieron los investigadores del Congreso. En una presentación judicial esta semana, Giuliani dijo que no discutía que algunas de sus declaraciones sobre las mujeres eran "falsas".

La investigación

Willis anunció su investigación en febrero de 2021, poco después de la salida de Trump del cargo. Dijo que estaba investigando “intentos de influir” en las elecciones, citando posibles delitos como la instigar un fraude electoral.

Para reunir evidencia en el caso, Willis convocó a un gran jurado de propósito especial el año pasado, que escuchó el testimonio de 75 testigos, incluidos los abogados y asociados de Trump. Emitió un informe final y recomendaciones de cobro, que no se han hecho públicos.

Pero este gran jurado carece del poder para emitir una acusación. Entonces, la semana pasada, Willis formó un gran jurado regular para ese propósito.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, posa para una foto en su oficina, el 24 de febrero de 2021 en Atlanta.

Cargos potenciales

Cuando Willis anunció la investigación, citó una serie de posibles violaciones que buscaba examinar: solicitud de fraude electoral; hacer declaraciones falsas a organismos gubernamentales estatales y locales; conspiración; crimen organizado; violación del juramento del cargo; y cualquier participación en violencia o amenazas relacionadas con la administración de las elecciones.

Willis se ha mantenido callada sobre los cargos que presentará. Pero los expertos legales dicen que podría seguir uno de dos caminos, a saber:

Trump y otros podrían ser acusados de múltiples cargos de fraude electoral e intimidación. Estos podrían incluir los pedidos a funcionarios para que cambiaran los votos e intimidar a los trabajadores electorales.

Alternativamente, los fiscales podrían presentar una acusación de crimen organizado, acusando a Trump y sus aliados de participar en una “empresa criminal” para derrocar las elecciones en Georgia, dijo Kreis.

Una condena por extorsión conlleva una sentencia de cinco a 20 años de prisión, mucho más que los delitos de fraude electoral.

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Los posibles acusados

Según los informes, casi 20 personas vinculadas a la campaña 2020 de Trump han sido notificadas de que están bajo investigación.

Incluyen a los 16 “electores suplentes” de Georgia, encabezados por el expresidente del Partido Republicano allí, David Shafer, quien supuestamente orquestó el plan.

Al menos ocho de los electores han recibido inmunidad judicial a cambio de testimonio.

Giuliani, un jugador clave en el esfuerzo, también es un objetivo, confirmó su abogado el año pasado.

Otros en la mira de Willis incluyen a Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump, quien se unió a la llamada con los funcionarios electorales de Georgia, y Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que redactó una carta no autorizada a los funcionarios de Georgia afirmando falsamente que el Departamento “identificado serias preocupaciones” sobre el resultado de las elecciones.

Además, se informa que Willis está investigando la conducta de varios exabogados de Trump, incluidos John Eastman y Cleta Mitchell.

Todos han negado haber actuado mal en Georgia.

No está claro quién enfrentará los cargos. En una entrevista con NBC News en febrero, Emily Kohrs, quien se desempeñó como presidenta del gran jurado de propósito especial, dijo que el panel había recomendado cargos contra más de una docena de personas.

La defensa de Trump

Es probable que la defensa de Trump se sustente en la intención, un factor clave para probar el fraude electoral y otros posibles cargos. Podría argumentar que la llamada telefónica a Raffensperger fue solo un esfuerzo sincero para defender la integridad electoral, no el fraude o la intimidación.

“Creo que el principal argumento que hará es que no estaba participando en ningún intento de defraudar a nadie, que se plantearon serias dudas sobre cómo se llevaron a cabo las elecciones en Georgia y en varios otros estados, y que estaba luchando contra esos cargos en la corte utilizando abogados y el proceso legal”, dijo John Malcolm, miembro legal de alto rango de la conservadora Heritage Foundation.

Pero los fiscales podrían responder que el Departamento de Justicia y otros le habían dicho a Trump que no había un fraude generalizado, pero él siguió mintiendo al respecto y presionando para que se revirtiera.

“Su intención de hacer algo ilegal se puede discernir por su ignorancia y ceguera deliberadas a la verdad, y su negativa a aceptar la verdad”, dijo Kreis.

En cuanto a los abogados y los electores, tienen sus propias defensas.

Los abogados podrían argumentar que solo estaban brindando asesoramiento legal, lo cual no es un delito, aunque sea incorrecto, según Malcolm.

“Con respecto a los abogados que pueden estar involucrados, es extremadamente peligroso criminalizar el asesoramiento legal”, dijo Malcolm.

Los electores han llamado a sus votos "alternativos" y sostienen que no hicieron nada ilegal.

Shafer, el expresidente del Partido Republicano, ha defendido sus acciones citando un escenario similar en las reñidas elecciones presidenciales de Hawái de 1960.

Pero algunos expertos legales cuestionan la comparación y señalan que había una disputa legal real cuando las dos partes enviaron listas rivales a Washington.

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