El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó el miércoles sobre el comienzo de una operación para “desarticular y poner fin” a bandas de delincuencia organizada y redes criminales que operan en el centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, en el estado Aragua, en el centro del país
“Desde tempranas horas está en curso la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro cuyo objetivo es desarticular y poner fin a las bandas de la delincuencia organizada y demás redes criminales que operaban desde el Centro Penitenciario Tocorón, en perjuicio de la tranquilidad del pueblo venezolano”, reza un comunicado del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Más de 11.000 efectivos fueron desplegados para “restituir y dignificar” el sistema penitenciario, precisa el texto.
Según el primer balance presentado por el Ministerio de Interior y Justicia, las autoridades ya mantienen “absoluto control” del centro de reclusión.
La primera fase de la operación, que culminó con el desmantelamiento de un “centro de conspiración y delito usado por una red criminal contra la población venezolana”, fue calificada como un “éxito total”.
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Familiares de privados de libertad piden información
“Este centro penitenciario pasará a un proceso de reestructuración y será desalojado por completo”, informó el ministerio.
Desde hace varios años, expertos y distintas organizaciones han denunciado que la organización criminal del Tren de Aragua, opera desde la cárcel de Tocorón, donde permanece preso su líder, Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero.
El Tren de Aragua es una banda dedicada, entre otras actividades delictivas, a la extorsión, secuestros, homicidios, sicariatos, venta de drogas, tráfico de armas y de personas que ha extendido sus operaciones a varios países latinoamericanos, entre ellos Perú, Chile, Colombia y Brasil.
Esta banda es considerada la “más poderosa” de Venezuela según la organización Insight Crime, que destaca que tuvo una rápida expansión en 2020 y 2021.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró el miércoles que la intervención a la cárcel de Tocorón fue supuestamente “conversada” con Guerrero, quien habría salido de salir del penal días antes, junto a sus “más allegados, lugartenientes y luceros, sin informar a la población penal”.
“La información fue confirmada por fuentes cercanas a la operación militar, vecinos del centro penitenciario, privados de libertad y familiares de los mismos, quienes a su vez explicaron que muchos de los presos lograron salir a través de túneles y se acantonaron en montañas cercanas a Tocorón”, manifestó el OVP en una nota de prensa.
El OVP, organización no gubernamental que desde el 2002 vela por el debido respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, instó al gobierno a exponer los rostros de los principales líderes del Tren de Aragua para “garantizar la transparencia de la intervención”, así como el armamento, vehículos y motos que estaban centro del penal.
“Por qué el penal de una población de unos 5.500 presos pasó a albergar 3 mil reclusos y ahora en esta toma hay unos 1.500. ¿Dónde están esos presos que faltan?”, cuestionó la organización.
En varias ocasiones, el OVP ha alertado que parte del sistema penitenciario del país está bajo control de la figura del pranato.
Los pranes, acrónimo de presos rematados asesinos natos, son criminales que lideran y controlan algunas cárceles venezolanas. Se trata de una figura que se ha ido “consolidando” durante los últimos y se ha extendido por toda América Latina, coinciden expertos.
El temor de los familiares
“No pierdan su tiempo que están muertos todos”, gritaba en tono de sarcasmo desde un carro negro un funcionario policial a los familiares que este miércoles se acercaban a pie al penal.
Familiares de privados de libertad en Tocorón, incluyendo menores de edad, estaban dentro del penal cuando fue tomado por las autoridades.
No hay paso de carros desde una alcabala en Puerta Negra, y el trayecto a Tocorón es largo.
Un grupo de 70 personas, todas familiares de detenidos, marchaban hoy por una estrecha carretera que se hace infinita para esta gente que vive horas de incertidumbre.
“Es chimbo de su parte, parecen personas inmaduras (…) nosotros no tenemos culpa de que el gobierno permita tantas cosas (…) si es que allí hay armas es por culpa de ellos mismos”, dijo a la Voz de América Rusbelys Mejias, de 24 años, que tiene a su esposo detenido.
“No hay derechos humanos, no son unos perros para que los traten así”, siguió Lisbeth González, madre de otro detenido.
“El temor es por la integridad física de nuestros familiares, si ellos querían mediar llegan de otra forma, debieron traer un tribunal pero si ellos dicen que hay armas eso lo armaron ellos, porque como metes un cortaúñas si ellos están en la puerta”, lamentó.
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