El gobierno de El Salvador, haciendo uso de las facultades especiales otorgadas por el régimen de excepción que impera en el país, dijo que “el movimiento sindical no marchará este 1 de mayo”, ya que cualquier participante en las manifestaciones serán considerados “delincuentes y defensores de las pandillas”.
Las polémicas declaraciones fueron dadas por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y respaldadas por el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, durante una conferencia de prensa televisada el jueves, donde advirtieron que todo aquel que participe será arrestado.
De acuerdo con el ministro, el “verdadero movimiento sindical” ha informado a la Administración del presidente Nayib Bukele que no marchará el 1 de mayo, por "respeto al régimen de excepción" y que se sumarán a un evento especial convocado por Bukele.
"El movimiento sindical ha planteado que solamente se encontrarán en un solo lugar y es en el evento que realizaremos como Gobierno de la República, los demás grupos en defensa de los terroristas saldrán a marchar", fueron las palabras de Castro durante el evento y publicadas en la cuenta de Twitter oficial de la cartera que representa.
Castro también aseguró que “la oposición de este país, lo utiliza para defender a quienes tanto daño le ha hecho a este país y a la familia salvadoreña”.
Por su parte el secretario jurídico de la presidencia agregó que el gobierno tiene la potestad de detener a quienes se manifiesten.
"Un estado de excepción es una situación extraordinaria en cuanto sus aplicaciones jurídicas", agregó el secretario, quien fue citado por medios locales, entre ellos Diario El Mundo.
Además, citó en sus redes sociales que “las pandillas retuercen sus tentáculos, para que sus aliados salgan a las calles a defender su causa este 1 de mayo, que es el terror y el desorden.”
El gobierno de El Salvador declaró "la guerra" a las pandillas que operan en su territorio, tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, delitos que las autoridades han relacionado con la actuación de estos grupos delictivos.
Según cifras de la policía, más de 20.000 pandilleros han sido detenidos por la policía o el ejército desde el inicio de la ofensiva contra las maras el pasado 26 de marzo.
En su último informe, la Dirección de Centros Penales afirmó que del total de reclusos que se encuentran en las cárceles del país (unos 58.000), aproximadamente 36.000 son miembros de pandillas, cifra que estiman aumentará con las nuevas condenas.
Por su parte el Congreso de El Salvador aprobó una ley que permite agilizar la construcción de más prisiones. La normativa forma parte de una serie de acciones y nuevas leyes enmarcadas en el régimen excepción impuesto en el país.
¿Quiénes marcharan?
Luego de participar en una reunión convocada por el Ejecutivo salvadoreño, algunas organizaciones sindicales, como la Asociación de Empleados Públicos y Municipales (Agepym), decidieron suspender su convocatoria de salir a las calles.
El anuncio fue dado a conocer por Mario Montes, presidente de Agepym en un video publicado el jueves en la cuenta oficial de Facebook de la entidad. En cambio, anunciaron la realización de un foro en un hotel capitalino.
Mientras que otro conglomerado, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular –que concentra a organizaciones sociales que luchan por la justicia social– después del anuncio reaccionaron rechazándolo y afirmando que saldrán a las calles.
“El BRP chaza y condena las irresponsables acusaciones y amenazas del ministro de Trabajo contra la clase trabajadora que marchará el 1 de mayo. Responsabilizamos al capo de mafias sindicales Rolando Castro de cualquier agresión o hecho de violencia. Nada nos detendrá”.
Otra organización presente en la reunión, la Alianza Nacional El Salvador en Paz, también confirmó saldrá a marchar, todas afirman su participación es por una reivindicación por los derechos de los trabajadores y no por defender a delincuentes como afirma el gobierno.
El Día del Trabajo de 2021, miles de salvadoreños salieron a las calles de San Salvador para protestar contra lo que consideran una deriva autoritaria por parte de la Administración Bukele y la corrupción en el país.
Las protestas se dieron a penas días después de que Estados Unidos sancionara por supuesta "corrupción" a Carolina Recinos, comisionada presidencial y jefa de gabinete del gobierno de El Salvador. Entonces, el presidente tildó de "absurdas" y de injerencia las acusaciones.
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