El gobierno de Nicaragua canceló el lunes la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), considerado como el centro de formación más importante en el país en la materia.
El gobierno de Daniel Ortega alegó que el INCAE supuestamente incumplió con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación y no presentó sus estados financieros durante los últimos tres años, de igual forma -alegó- “se detectaron inconsistencias” en las donaciones.
El INCAE aunque no se refirió a las acusaciones emitió un comunicado en donde “lamentó profundamente esta situación” y dijo que su misión en Nicaragua ha sido la de “contribuir en el desarrollo sostenible” del país centroamericano.
Además de la cancelación de la personería jurídica, el gobierno nicaragüense ordenó el decomiso de los bienes muebles e inmuebles y el traspaso de las propiedades a nombre del Estado.
El INCAE aseguró que la medida repercutirá exclusivamente en Nicaragua, pero seguirá operando en su campus en Costa Rica.
"Se hace el gobierno admite"
Organizaciones sociales y activistas rechazaron la medida. La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla fue una de las voces que se alzó al respecto. Chinchilla dijo que la acción “fue un arrebato de arbitrariedad e insensatez del régimen de Daniel Ortega”.
“Al igual que lo hemos hecho con los miles de perseguidos políticos, Costa Rica seguirá brindando abrigo a esta gran institución”, dijo la exmandataria en la red social X.
Por su parte Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas aseguró que el cierre del INCAE envía un mensaje. “Digamos que repercute negativamente porque se cierran los espacios, ya no hay espacios donde poder pensar, investigar, únicamente se hace lo que el gobierno admite que se puede hacer y eso no es democracia”, dijo a la Voz de América.
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Representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas habla sobre el cierre del INCAE en Nicaragua
“El mensaje es que aquí no se salva nadie…”, agregó Brunori.
El INCAE se suma a más de 3.000 organizaciones cerradas por el gobierno del presidente Daniel Ortega en los últimos tres años de crisis política que vive el país centroamericano.
Nicaragua vive una crisis desde el año 2018, cuando surgieron protestas contra el mandatario que las tildó de ser un supuesto intento de golpe de Estado contra su gobierno.