El Parlamento de Nicaragua canceló este miércoles la personería jurídica de al menos cinco universidades privadas y de varias asociaciones ligadas a la Iglesia católica, en lo que parece ser una nueva arremetida en contra las organizaciones no gubernamentales.
Entre las universidades ilegalizadas se encuentra la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la cual fue un bastión de los estudiantes durante las protestas antigubernamentales de 2018.
También fueron canceladas la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), y la Universidad Paulo Freire.
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Mujeres nicaragüenses despojadas de su nacionalidad
El argumento del oficialismo para adoptar dicha medida es que supuestamente las entidades incumplieron con la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas, algo que ha sido negado por los directores de las organizaciones que han atribuido las medidas a una persecución del gobierno en contra de la “libertad de pensamiento”.
El catedrático Ernesto Medina subrayó a la Voz de América que las universidades han pasado de ser “espacios donde se podía pensar y hablar”, a lugares donde “lo único que vale es agachar la cabeza y quedarse callado”.
En tanto la jurista María Asunción Moreno advirtió que el “modelo autoritario de Ortega” ha alcanzado a las universidades que “gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley”.
También lea Juicios a opositores en Nicaragua comienzan con declaración de culpabilidadEl cierre de las universidades deja en limbo a más de 2.000 estudiantes, al igual que ocurrió con la suspensión de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) en diciembre de 2021.
Desde el año 2018, el gobierno inició las cancelaciones de diversas oenegés acusándolas de supuestamente promover un intento de golpe de Estado, sin embargo, el oficialismo prosiguió durante los años posteriores en su persecución a diversas entidades.
Hasta enero de 2022 el número de organizaciones canceladas asciende a 60, entre ellas universidades y oenegés dedicadas a combatir la pobreza.
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