El gobierno de Ecuador entregó el miércoles información sobre el asesinato en 2018 de tres trabajadores del diario El Comercio por grupos armados en la frontera con Colombia, a los familiares de las víctimas en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional tras seis años con informes bajo reserva.
Los parientes del redactor, el fotógrafo y el conductor del medio ecuatoriano que fueron asesinados en una zona selvática del norte del país, tras ser secuestrados en medio de una cobertura periodística, habían reclamado al gobierno de entonces de Lenín Moreno y a los siguientes de Guillermo Lasso y del actual presidente Daniel Noboa que revelaran la información sobre lo sucedido entre marzo y abril de 2018.
Ninguno de los gobiernos facilitó hasta ahora la información. No ha trascendido por el momento el contenido de lo entregado.
La Corte Constitucional de Ecuador ordenó hace un mes que se dé acceso a la familia de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra a las actas y audios del Consejo de Seguridad Pública que se reunió en ese período en que los tres trabajadores del medio estuvieron secuestrados. También a la lista de los asistentes a las sesiones, en un plazo de 30 días que se cumplían el jueves a la media noche.
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“La libertad de prensa realmente está pasando por un momento muy oscuro”
Ricardo Rivas, hermano de uno de los periodistas asesinados, fue a recoger la información al palacio presidencial de Carondelet junto a familiares de las otras dos víctimas.
Sin dar detalles del contenido de lo recibido, Rivas indicó a The Associated Press que en los próximos días se analizará la documentación con un equipo de abogados para elaborar un informe que se entregará el martes a la Corte Constitucional. La información no es pública.
“Aquí no acaba nuestra lucha, acaba un ciclo”, afirmó Rivas y destacó que “lo importante es determinar las posibles responsabilidades de autoridades del Estado y autoridades de turno, que pueden ser por acción u omisión”.
Rivas aseveró que la información es “una pieza más en este rompecabezas” en la búsqueda de “verdad, justicia y memoria”.
Luego del acto que se celebró en el palacio presidencial, la secretaria de Comunicación de la presidencia, Irene Vélez, confirmó que se proporcionó a los familiares y abogados del equipo periodístico “toda la información que durante administraciones anteriores ha sido negada”.
El 26 de marzo de 2018 los tres trabajadores del equipo periodístico de diario El Comercio viajó a la población de Mataje, en la provincia fronteriza de Esmeraldas, al norte de Ecuador, donde fueron secuestrados y posteriormente asesinados en suelo colombiano.
El Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se atribuyó el secuestro y presionaron a las autoridades ecuatorianas para liberar a los ecuatorianos a cambio de la excarcelación de algunos de sus colaboradores. El 13 de abril, las autoridades de Ecuador confirmaron el asesinato del equipo de diario El Comercio.
El caso causó conmoción dentro y fuera del país. La frase “nos faltan tres” quedó como impronta de las protestas en que periodistas, familiares y ciudadanos presionaban a diario mediante vigilias y marchas a fin de exigir respuestas al Estado.
En junio de 2018, los cuerpos fueron encontrados en Tumaco, Colombia, en la frontera con Ecuador y tras verificar la identidad fueron devueltos a Ecuador y entregados a sus familiares.
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