El canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este martes las sanciones estadounidenses y de otros países como una “modalidad enmascarada de guerra” y una “acción criminal”.
Durante su intervención como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Arreaza aseguró que EE.UU. y otros gobiernos que deciden secundar a Washington con “medidas coercitivas unilaterales” pretenden "imponer su modelo político y económico con estrategias de cambio de régimen por la fuerza”.
Afirmó, además, que se tratan de una “acción criminal” equivalente en la práctica a “armas de destrucción masiva”, por lo que consideró que se trata de una "modalidad enmascarada de guerra".
Destacó que, desde 2014, EE.UU. ha impuesto "más de 300 medidas unilaterales". Asimismo, aseguró que estas acciones han resultado en una disminución de los ingresos del sector petrolero de Venezuela, que han pasado de los 42.000 millones de dólares, en 2013, a los 4.000 millones de dólares, en 2018.
Arreaza apuntó que el presidente en disputa Nicolás Maduro ha pedido colaboración a las Naciones Unidas, pero que no han hecho nada.
“Debemos salvar este valioso proyecto colectivo, este consejo, ante la tozuda y sesgada pretensión de algunos países de utilizar de forma selectiva los procedimiento del Consejo para atacar políticamente algunos de sus miembros”, indicó.
Consideran que los países que impongan, faciliten o apoyen “medidas coercitivas unilaterales” no deben ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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Alejandra Mejía, representante colombiana en el Consejo, hizo una corta intervención en nombre de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú -así como de los miembros del Grupo de Lima- en la que expresó su preocupación por Venezuela y por la violación de derechos humanos en este país.
“Renovamos nuestra firme decisión de impulsar que este Consejo continúe vigilando la situación en Venezuela”, indicó Mejía.
La representante colombiana hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar “el retorno a la democracia a Venezuela de manera pacífica, mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles”.
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