Tras la polvareda que levantó el envío al Congreso de un megaproyecto para cambiar la legislación vigente en materia económica, fiscal, electoral, social y de seguridad, el gobierno del ultraliberal Javier Milei afirmó que la iniciativa apunta a que el Estado argentino “deje de molestar a los ciudadanos”.
“Queremos un Estado que no nos digite la vida. Que no nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino que podamos decidir por nosotros mismos”, dijo este jueves el portavoz gubernamental Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.
“Y redunde en que la actividad económica vuelva de una vez por todas a florecer en la República Argentina”, agregó.
Constitucionalistas de distintas corrientes y gran parte de la oposición calificaron de amenaza a la división de poderes el paquete de proyectos de ley que Milei envió al Parlamento y que, entre otros puntos, contempla la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia “económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” por un plazo de dos años, aunque prorrogables hasta fin del mandato de Milei en 2027.
Por ejemplo, el gobierno podrá tomar deuda en moneda extranjera sin autorización del Congreso, como rige hasta ahora.
La iniciativa oficial también plantea una reforma electoral, endurece las penas contra las protestas callejeras, propone una amnistía fiscal, deja sin efecto la fórmula que establecía el aumento de las jubilaciones, habilita la privatización de empresas públicas y, desregula el mercado de hidrocarburos.
Además, arancela la educación pública universitaria para extranjeros no residentes, flexibiliza la legislación medioambiental y abre la puerta al divorcio sin intervención de la justicia, entre otros.
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El paquete se complementa con el plan ortodoxo de ajuste y un decreto de desregulación de la economía que dispuso el mandatario tras asumir el 10 de diciembre y que marcan un cambio de paradigma tras décadas de políticas populistas.
“Me preocupa el debilitamiento del sistema republicano de gobierno, que al presiente le moleste la actividad del Congreso”, planteó el constitucionalista Félix Lonigro. “No me gusta que buenas intenciones (dentro del paquete de leyes) tal vez se pierdan por la forma en que se avasalla al Congreso de la Nación”.
El partido gobernante, la Libertad Avanza, es la tercera fuerza en el Congreso —no más de 40 diputados sobre un total de 257 y ocho senadores de 72— por lo que la capacidad de negociación del propio presidente Milei y sus legisladores se pondrán a prueba en el debate parlamentario.
El peronismo, principal fuerza opositora, ya adelantó que no acompañará la iniciativa porque “vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la república”, según expresaron sus legisladores en un comunicado.
También lea ¿Quién es Karina Milei, “la jefe real" en el gobierno de Javier Milei en Argentina?Desde la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, la segunda fuerza en el Congreso, el diputado y economista Martín Tetaz apoyó los artículos que plantean una reforma del Estado y desregulaciones, pero adelantó que “no vamos a darle facultades extraordinarias (al presidente), no vamos a subir impuestos y no vamos a ajustar jubilados”.
En respuesta a las críticas, el portavoz Adorni indicó: “Entendemos lo extenso, lo profundo y esencial de esta ley. Sabemos que hay gente que no está dispuesta cambiar, sabemos que hay gente dispuesta a poner palos en la rueda a pesar de que Argentina está en ruinas (...) Hasta aquí el modelo aplicado por la política no ha dado resultado. Hoy la mitad de la Argentina es pobre”.
El megaproyecto será discutido durante el período de sesiones extraordinarias que se extenderá hasta marzo. En ese plazo distintas comisiones legislativas analizarán los artículos y deberán emitir un dictamen que habilite su votación en la Cámara de Diputados para luego girarse al Senado y seguir el mismo procedimiento. Si hubiera modificaciones, regresará a Diputados.
Los constitucionalistas advirtieron sobre la complejidad del debate, ya que algunas iniciativas como la reforma electoral requieren una mayoría diferente a otras para su aprobación.
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