La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el lunes que otorgó medidas cautelares a cinco jueces guatemaltecos que han denunciado amenazas y criminalización de sus gestiones.
La comisión con sede en Washington precisó que entre el 23 y 25 de octubre emitió la protección a favor de la jueza Érika Lorena Aifán Dávila, así como a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández.
La CC dijo en un comunicado de prensa que se “ha considerado que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” y que el Estado guatemalteco debe cumplir con proteger su vida e integridad.
La CIDH consideró que los jueces guatemaltecos se han visto amenazados, hostigados y agredidos en distintas formas, especialmente con acciones judiciales en su contra por resoluciones emitidas en casos de trascendencia pública como acusaciones contra empresarios, políticos, otros jueces y particulares acusados de corrupción.
En el caso de Aifán, la jueza ha recibido amenazas de muerte y ha denunciado vigilancia por los mismos empleados de su juzgado. Aifán denunció a dos de ellos -Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa y Pedro Luis Hernández Debroy- pero el Organismo Judicial optó por trasladarlos de puesto en lugar de destituirlos.
Tanto Guzmán Figueroa como Hernández Debroy han dicho que son inocentes. A ambos se les encontró sustrayendo documentos del caso denominado Fénix, que investiga el desfalco en 2003 de unos 50 millones de dólares al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Según la investigación, particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita. El empresario Gustavo Herrera, considerado el cerebro de la operación, está prófugo de la justicia guatemalteca y asilado en Nicaragua.
La CIDH solicitó a Guatemala adoptar medidas para proteger la vida e integridad personal de los jueces y que puedan “llevar a cabo sus labores como juez y magistrados sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones”.
La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo mandato es el de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.