La lucha anticorrupción en Guatemala volverá a jugarse su futuro el próximo año, en parte porque aunque en años recientes el país logró grandes avances, en 2018 se presentaron obstáculos para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG es un ente de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos en el Estado. Ninguno de estos organismos ha desistido de sus objetivos, pero en los últimos meses enfrentaron bloqueos del sector político y empresarial.
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El gobierno del presidente Jimmy Morales en el año que termina recrudeció su pelea contra la CICIG y anunció que no renovaría su mandato tras 11 años de operar en el país.
La comisión desarticuló en ese período a más de 60 estructuras criminales, facilitó la detención de cientos de personas acusadas de corrupción y delitos graves -como ejecuciones extrajudiciales- y logró que se condenara a 310 personas por diversos delitos.
Morales ha sido señalado por la fiscalía y la CICIG por delitos electorales y ambos organismos han solicitado el retiro de su inmunidad en más de una ocasión, pero el Congreso lo ha protegido. Tras esto, el mandatario dijo en agosto que la CICIG debía terminarse argumentado que se sobrepasaba en sus funciones y mantenía una persecución judicial parcial. Asimismo, impidió que el titular de la comisión -el abogado colombiano Iván Velásquez, quien por entonces se encontraba fuera- pudiera volver a Guatemala.
De concretarse los deseos presidenciales de acabar con la CICIG, la fiscalía quedaría sola en las investigaciones con María Consuelo Porras a la cabeza. La fiscal general fue nombrada para el cargo en mayo pasado por el mismo Morales y ha mostrado pasividad ante los ataques del gobierno a la comisión.
"El gobierno le apostaba a que la comisión no iba a funcionar más", dijo a la agencia The Associated Press el académico de Relaciones Internacionales, Roberto Santiago, sobre la medida que el mandatario tomó contra el comisionado.
Sin embargo, la CICIG continuó operando con Velásquez fuera y logró judicializar investigaciones que molestaron al sector empresarial, por ejemplo, el caso contra el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, allegado al sector, que será investigado por torturas durante su gestión entre 2004-2008, y varios de sus entonces colaboradores por ejecuciones extrajudiciales.