El policía venezolano Gabriel Andrés Medina clamó durante semanas por asistencia médica desde uno de los calabozos del Internado Judicial del estado Monagas. Presentaba un agudo cuadro de deterioro físico hasta que el domingo 29 de agosto murió.
“Se sentía asfixiado, con malestar y fiebre”, resume Claudia Liccioni, una activista por los derechos humanos que visitaba esa cárcel cada fin de semana para llevar alimentos a los reclusos, en el oriente del país.
La atención del Estado venezolano a Medina llegó con retraso. Tras días de llamados de auxilio y la presión de sus compañeros de celda, las autoridades lo trasladaron el jueves 26 de agosto al Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín.
La razón oficial de su deceso fue un paro respiratorio, a consecuencia de una neumonía. “Ahorita estamos pasando por un momento muy difícil, demasiado doloroso”, dijo a la Voz de América vía telefónica un familiar de Medina, quien prefirió no ser identificado y evitó responder más preguntas.
Medina es el último de un grupo de nueve detenidos por razones políticas que ha fallecido bajo custodia del Estado en los últimos seis años, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Estaba tras las rejas desde marzo de 2020 por su vinculación con un intento de secuestro contra el diputado oficialista y exvicepresidente de la República, Diosdado Cabello.
Cinco civiles, dos militares, un policía y un indígena pemón son los nueve presos políticos que han fallecido desde 2015 en Venezuela bajo custodia del Estado.
En enero de 2020, también murió el indígena Salvador Franco en la prisión de El Rodeo, a las afueras de Caracas. Falleció a causa de un edema cerebral, shock séptico y otros padecimientos derivados de una tuberculosis no tratada, mientras sus abogados alegaban que un tribunal había emitido una orden de traslado a un hospital. Las autoridades de esa cárcel lo impidieron.
Franco, que también presentaba signos de desnutrición, era uno de los pemones detenidos en 2019 por su presunta participación en el asalto a dos instalaciones militares del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y que recibieron acusaciones por terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones.
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Sin presión, no hay atención
Muertes como la de Medina y Franco ocurren un conjunto de factores que redundan en la responsabilidad del Estado venezolano, a juicio del abogado y director de Foro Penal, Alfredo Romero. “Hay un tema de negligencia, de desidia y en otros casos como el de Salvador Franco, hay como una especie de tortura inducida y una tortura relacionada con el tratamiento médico”, apunta.
Detalla, en conversación con la Voz de América que en prisiones como la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, “no hay ambulancias para que los trasladen y no hay una intención de reparar los vehículos por parte del Estado”.
A su entender, queda en evidencia la falta de interés de los custodios de atenderlos sanitariamente “si no hay presión”. “Tienen que estar muy graves para que tenga algún tipo de atención y, cuando ya es muy grave, puede sufrir el riesgo a la muerte cada día más cercano”, explica el defensor.
Califica de “constante” el retardo procesal de los tribunales para atender de emergencia casos como los de Medina y Franco. “Pareciera que esperan órdenes para autorizar lo que ellos (los responsables de los penales del país) deben hacer por su cuenta. En muchos casos, esas órdenes no aparecen”, critica.
Tacha como “macabro” y “terrible” que el Estado venezolano no adelante los procesos judiciales de los detenidos por razones políticas y que “se les dañe su integridad física” mientras esperan por dirimir sus casos en tribunales.
De acuerdo con el Foro Penal, existen 262 presos políticos en Venezuela y, de ellos, al menos 42 están en condiciones delicadas de salud.
El oficial retirado Leonardo Carrillo es uno de ellos: sufre de hipertensión arterial y síndrome de colon irritable. Según Romero, la última vez que lo vio, la semana pasada, "no pudo ni siquiera salir de su celda, no pudo caminar".
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“Se trata de que un ser humano no debe morir porque esté preso"
El dirigente opositor y miembro de la comisión opositora del diálogo político en México, Freddy Guevara, sabe lo que es tener una condición médica preexistente mientras se está preso en Venezuela. Estuvo encarcelado por poco más de un mes, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro lo acusara a él y a otros miembros de su partido de estar relacionados con bandas criminales.
Durante su detención, a Guevara le resurgió la arritmia cardíaca que padece desde hace años y que requirió en su momento una intervención quirúrgica.
“Ya aquí no se trata de si es preso político, o es inocente o es culpable, se trata de que un ser humano no puede morir porque esté preso, esté enfermo, y a las autoridades no les dé la gana de llevarlo a un centro médico”, reprochó.
Voceros del chavismo, entre ellos el mismo presidente Nicolás Maduro, suelen negar que en Venezuela existan presos políticos, sino que prefieren calificarles como “políticos presos”.
Hace dos meses, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, conformó una comisión para la reforma judicial, destinada a revisar denuncias sobre el hacinamiento en las cárceles y el retardo procesal.
“Nuestro poder judicial ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario para que nuestro pueblo y el pueblo más necesitado pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y justa”, dijo entonces Cabello, miembro de la comisión.
A pesar de que gobierno y oposición mantienen negociaciones en México para destrabar la crisis política en el país, defensores de derechos humanos alertan que los considerados presos políticos no están representados en esas conversaciones con facilitación del Reino de Noruega.
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