La organización Human Rights Watch pidió a la Unión Europea “actuar con urgencia” aplicando sanciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y otros altos funcionarios de su gobierno a los que el organismo internacional de defensa de los derechos humanos considera responsables por graves violaciones a los derechos fundamentales.
El analista político Bosco Matamoros explicó que esta petición impacta la percepción internacional de la crisis que vive el país.
“Su solicitud es una iniciativa que reviste mucha seriedad, tiene un impacto muy grande en el contexto internacional, dado el prestigio de esta organización y dramatiza lo que es la problemática nicaragüense tanto a lo interno como internacionalmente, podemos decir que eso subraya la alarma internacional que hay en el sistema internacional sobre la situación del país”, dijo a la VOA el exdiplomático nicaragüense.
“La represión de las protestas ha provocado al menos 328 muertos, así como miles de heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente. Muchos de los detenidos han sufrido torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual, cometidos por miembros de la Policía Nacional, que en algunos casos actuaron en forma coordinada con bandas armadas partidarias del gobierno”, aseguró Human Rights Watch entre la información que presenta para solicitar acelerar la aplicación de sanciones.
Pese a la preocupación que reviste para los analistas políticos la petición del observatorio de derechos humanos, el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, el diputado Jacinto Suárez, aseguró que al gobierno no le preocupan estas medidas.
“¿Preocupación de qué? Que hagan lo que les de la gana. Pobrecitos, perdieron su propia identidad, ya no tienen nada que hacer”, manifestó Suárez.
En una carta enviada en julio a la Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini y a los ministros de Relaciones Exteriores, Human Rights Watch instó a la Unión Europea a imponer sanciones dirigidas contra el presidente Daniel Ortega, y seis funcionarios, todos miembros de la Policía Nacional.
Entre los integrantes de la policía para los que Human Rights Watch está pidiendo sanciones inmediatas destacan: la general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional, El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional.