La ONG Human Rights Watch denunció que el gobierno de Nicolás Maduro ha asumido el control político del Tribunal Supremo de Justicia, y como resultado, el poder judicial ha dejado de funcionar de manera independiente.
La denuncia es parte del Reporte Mundial 2016 presentado el miércoles, que revisa las prácticas en derechos humanos en más de 90 países y critica con respecto a América Latina leyes aprobadas en Bolivia, Ecuador y Venezuela para controlar a activistas y socavar a grupos independientes.
El informe acusa también la ausencia de pluralidad en los medios de comunicación venezolanos, la escasez de medicamentos básicos y el deterioro de la situación de los derechos humanos” en general,y atribuye la culpa al gobierno de Maduro.
No obstante, el eje del informe se concentra en lo ocurrido en 2015 durante la crisis de los refugiados en Europa.
"El temor a ataques terroristas y flujos masivos de refugiados está llevando a muchos gobiernos de Occidente a retroceder en la protección de los derechos humanos", afirmó el director de HRW, Kenneth Roth, en un comunicado.
El informe señala que aún en Estados Unidos, los legisladores han utilizado la amenaza terrorista para intentar revertir recientes modestas restricciones al poder de las agencia de inteligencia de llevar a cabo programas masivos de vigilancia.
De igual manera aluden a las propuestas del candidato presidencial republicano, Donald Trump, sobre prohibir el ingreso a Estados Unidos de los refugiados musulmanes.
Al convertir a los refugiados en "chivos expiatorios", los países occidentales corren el riesgo de alejarse de "comunidades cruciales en sus esfuerzos antiterroristas" y apartarse del derecho humanitario internacional, advirtió Roth.