La Interpol notificó a El Salvador que eliminó de sus bases la difusión roja de búsqueda y detención contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros cuatro exfuncionarios de Mauricio Funes requeridos por las autoridades judiciales para para ser procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La eliminación de las notificaciones de búsqueda y detención también afectan a Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.
El 30 de julio, el gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente Sánchez Cerén, su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta y su nieto, Juan Carlos Guardado Sánchez.
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El 16 de agosto, el gobierno mexicano otorgó el estatus de refugiado por persecución política al exministro de Obras Públicas.
En la notificación de la policía internacional se explica que, con base en el artículo 3 de los estatutos de la Interpol, se eliminaron las notificaciones, porque “está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar o religioso”.
Ya guardan prisión en las cárceles de El Salvador la doctora Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.
La mayoría de los acusados son prominentes dirigentes y militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido político formado a partir de varios grupos guerrilleros que gobernó el país entre 2009 y 2019 con los presidentes Funes y Sánchez Cerén.
El Ministerio Público asegura que han logrado exponer de manera amplia y detallada el resultado de la investigación en la que se logró determinar que mensualmente se erogaban aproximadamente cinco millones de dólares para entregarlos ilícitamente a los funcionarios públicos procesados.
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En su acusación, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía estableció que los exfuncionarios recibieron ilícitamente 2,6 millones de dólares. Entre las pruebas presentadas se encuentran los recibos originales que los imputados firmaban cuando recibían el dinero.
Explicaron que en el análisis técnico jurídico se ha clarificado que fue una entrega de dinero al margen de la ley y que nunca fue fiscalizado. Señalaron que para que un funcionario pueda recibir sobresueldos tiene que estar previamente estipulado en la ley y que, en este caso, ninguno estos exfuncionarios procesados tenían establecido en ninguna norma la entrega de este tipo de remuneraciones.
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