Una investigación de la Policía Federal de Brasil concluirá que el expresidente Jair Bolsonaro conspiró para urdir un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo de las pesquisas.
Los indicios de la participación de Bolsonaro en la edición de un proyecto de decreto para anular los resultados de las elecciones se verán reforzados por más pruebas recogidas por la policía federal mediante órdenes de registro e incautación, según la fuente.
Se espera que la investigación concluya en noviembre.
Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. El expresidente ultraderechista siempre ha negado cualquier delito.
La fuente, que pidió el anonimato para hablar del tema, dijo que nuevas pruebas implicaban que Bolsonaro y sus aliados habían urdido un plan para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente a finales de 2022.
También lea Policía de Brasil busca confiscar pasaporte de Bolsonaro, detiene a colaboradores cercanosSe esperaba que la investigación concluyera en agosto, pero se amplió después de que la policía pidiera ver pruebas de una investigación separada sobre la supuesta vigilancia ilegal de los adversarios políticos de Bolsonaro mientras era presidente.
La fuente dijo que un motín el 8 de enero de 2023 por parte de partidarios de Bolsonaro, que invadieron y saquearon el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Brasil una semana después de la toma de posesión de Lula, parecía haber sido "el último aliento de un intento de golpe".
La fuente también dijo que se habían encontrado nuevas pruebas en los teléfonos móviles de las personas objeto de la investigación, pero no detalló lo que podría incluirse en el informe final, que se espera que sea enviado al Tribunal Supremo el próximo mes.
Bolsonaro ya ha sido acusado formalmente por la policía federal de manipular las tarjetas de vacunación de COVID-19, y también de malversar joyas regaladas por el gobierno saudí.
También ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 tras ser condenado por el máximo tribunal electoral de Brasil por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación para difundir afirmaciones infundadas sobre el sistema de voto electrónico.
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