El Ejército confirmó que abrirá una investigación disciplinaria contra un grupo de militares que -disfrazados de disidencias de las FARC- atemorizaron e intimidaron a habitantes de Tierralta, en el departamento de Córdoba en el Caribe colombiano.
En la tarde noche del martes se difundieron unas imágenes donde se ve a hombres armados con fusiles que, haciéndose pasar como disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, discutían con familias del caserío rural Bocas del Manso, algunas con niños en brazos, que les pedían identificarse, pero luego fueron amenazados con fusiles y pistolas.
Aún se desconoce por qué estos militares intentaron intimidar a la comunidad.
“Se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 'Batalla de Junín', de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”, precisó el Ejército en un comunicado.
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Tras conocerse el video del hecho, que habría sucedido el pasado domingo y difundido por los habitantes de Bocas del Manso, el Ejército colombiano dijo que “se desplazó una comisión inspectora” que se encuentra “verificando los procesos y procedimientos efectuados por parte de la unidad militar”.
“Este Comando rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, agregó el Ejército.
Por su parte, desde su cuenta de X (antes Twitter), el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, calificó lo ocurrido con los militares de “suma gravedad” y anunció “drásticas decisiones”.
“Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades, sino a las propias Fuerzas Militares”, se lee en su perfil de X.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó lo ocurrido agregando que la agresión va “en contravía del derecho internacional humanitario”; además sostuvo que estas acciones “socavan la confianza que las comunidades en la fuerza pública”.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, anunció que envió un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, para iniciar la investigación.