Más de mil cien jueces federales mexicanos presentaron este lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC, una denuncia contra la reforma judicial que busca promulgar el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según los magistrados, la designación de todos los jueces mexicanos a través de un voto popular directo, en lugar de concursos públicos, tiene como objetivo acabar con la independencia judicial.
Además, viola los estándares internacionales.
José Alanís García, Juez Federal de México, dijo a la VOA:
“Nuestras preocupaciones han sido bien acogidas. Existe preocupación seria por lo que está sucediendo en el país, porque no solamente estamos defendiendo nuestra Constitución ni nuestros deberes como país, también estamos defendiendo el sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, la región misma de la que México forma parte y sin la cual México no se puede entender también.”
Para el juez Alanís, tras aceptar la petición la CIDH ahora podría requerir a México información precisa, de forma confidencial, sobre cómo planea respetar el derecho internacional.
Por ahora no se solicitaron medidas cautelares, pero la esperanza de los jueces es que se detenga la reforma. Y que su voz sea más escuchada, según la jueza Michele Franco.
“Se dice que hay corrupción, se dice que somos corruptos, pero realmente no hay pruebas. Que nos demuestren con pruebas que en verdad somos corruptos para que nos puedan quitar de nuestro cargo.”
Entre tanto, manifestantes salieron el domingo a las calles en distintos puntos de México para repudiar la propuesta de reforma que, según los críticos, debilitaría a los contrapesos democráticos.
Mari Trini Juárez, una jueza que salió a manifestar dijo:
“Lo que está en juego aquí es la democracia en este país, por eso está aquí la sociedad civil”.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, frente al nerviosismo de los mercados y el sector privado por esta reforma, dijo que siempre habrá diálogo entre las partes.
Por su lado, el gobierno mexicano etiquetó la presión internacional, sobre todo la de Estados Unidos, como una injerencia que contraviene a la soberanía de México.
Andrés Manuel Lopéz Obrador, presidente de México, dijo el lunes:
“No pueden venir estos extranjeros. Ningún gobierno extranjero. A tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos.”
A través de las palabras de su embajador en México, Ken Salazar, Estados Unidos había expuesto sus preocupaciones sobre la reforma, afirmando que merma la confianza de los inversores de su país, amenaza la relación comercial y abre la puerta a que el crimen organizado penetre en el sistema de justicia. Al mismo tiempo, Estados Unidos dijo estar dispuesto a dialogar con México para desahogar las diferencias.