Un juez ha denegado una petición hecha por dos sobrinos de la primera dama de Venezuela que se encuentran presos en Estados Unidos y querían que se hicieran públicos documentos judiciales sobre un narcotraficante que testificó contra ellos.
El juez Paul Crotty, de la corte del distrito sur de Nueva York, negó la solicitud de ambos sobrinos, Efrain Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, argumentando que el testigo, que también está preso, ya se arriesgó suficiente al testificar contra ellos y que mantener su caso secreto es lo mínimo que puede hacer para proteger sus intereses y los de su familia.
El testigo fue identificado durante el juicio de los sobrinos como CS-1 o por el pseudónimo José Santos Peña. Su hijo, que también testificó, fue identificado como CS-2.
"La disponibilidad de información sobre el estatus de ambos debe ser limitada y la mejor forma de hacer eso, quizás la única forma, es sellar las transcripciones y no hacer pública ninguna actualización de su caso", escribió el magistrado en su decisión.
Campo Flores y Flores de Freitas son sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores. Ambos fueron sentenciados en diciembre a 18 años de prisión tras haber sido declarados culpables de asociación delictuosa para traficar drogas. Ambos apelaron la sentencia.
El juez Crotty indicó durante su sentencia que se les concedió indulgencia debido a su ineptitud en sus actividades delictivas y a su falta de antecedentes penales.
A pesar de ello, agregó, en 2015 hicieron planes para sacar provecho de sus contactos políticos con el fin de hacer que el vuelo de un avión privado cargado de drogas de Venezuela a Honduras pareciera legítimo. Además de la sentencia de cárcel, el juez también les impuso multas de 50.000 dólares.
El viernes, Randall Jackson, uno de los abogados que firmó la petición para sacar a la luz el caso de CS-1, dijo a The Associated Press que no podía comentar sobre la solicitud debido a que la apelación de los sobrinos sigue en curso.
CS-1 fue un informante de la Administración Estadounidense para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). En la carta de Jackson al juez, el abogado dice que no se puede justificar mantener en secreto el caso de CS-1 ya que éste ya no coopera con el gobierno estadounidense, está detenido y su caso lleva tres años sellado, entre otras cosas.
La credibilidad de CS-1, de 55 años, fue puesta en entredicho durante el proceso judicial de los sobrinos debido a las mentiras que CS-1 admitió dijo a la DEA. El informante admitió que la fiscalía que acusa a los sobrinos le expresó sentir tremendo malestar, tras enterarse de que CS-1 contrató a prostitutas en Caracas y omitió información importante a la DEA sobre sus reuniones encubiertas con los sobrinos.
El informante dijo que engañó al gobierno estadounidense desde 2012 al 2016 al importar drogas a Estados Unidos incluso cuando trabajaba como informante para la DEA.
Testificó que la DEA le pagó unos 750.000 dólares desde el 2003. CS-1 también dijo que ganó entre 250.000 y 300.000 dólares al actuar como informante para otros departamentos de policía en Latinoamérica.