Nuevas evidencias apuntan hacia el “panorama alarmante” de que la discriminación racial fue el motivo real de la intención del gobierno del presidente Donald Trump para preguntar la nacionalidad a todos los encuestados durante el censo, según un documento presentado en corte por un juez federal.
La semana pasada, el juez federal de distrito George Hazel, de Maryland, falló que hay suficientes evidencias para reabrir un caso que cuestiona si la pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo del 2020 viola o no los derechos de las minorías. En su fallo del lunes, Hazel indicó que la nueva evidencia “posiblemente conecta los hilos entre un propósito discriminatorio” y una decisión del secretario de Comercio Wilbur Ross para agregar la pregunta sobre ciudadanía.
“Se está haciendo difícil evitar ver lo que cada vez está más claro. Mientras uno va viendo las piezas del rompecabezas que hay, se va formando un panorama alarmante de las motivaciones de quienes toman las decisiones”, escribió el juez.
El fallo de Hazel podría terminar siendo irrelevante si la Corte Suprema interviene. Se prevé que el máximo tribunal decida esta semana si la pregunta polémica debe de ser incluida o no.
Pero la opinión del juez federal parece reforzar fuertemente los argumentos hechos por activistas pro-derechos de votantes, quienes sostienen que mensajes recién descubiertos de un fallecido artífice de jurisdicciones políticas indican que la pregunta de ciudadanía era para discriminar a fin de restringir el poder político de los demócratas y las comunidades latinas.
Los demócratas temen que la pregunta de ciudadanía reducirá la participación de encuestados en comunidades fuertemente inmigrantes, lo que resultará en un total menor al real puesto que muchos votantes legítimos no participarían por temor a revelar su estatus migratorio a funcionarios federales.