Un juez federal del estado de Forida anuló la reforma sanitaria del presidente Barack Obama al calificarla de inconstitucional en el que supone el mayor desafío legal de una autoridad federal a una ley promulgada.
El juez del distrito Roger Vinson dictaminó que la reforma de la ley realiza un mandato de llamada individual que va demasiado lejos al exigir que los estadounidenses comenzarán a comprar seguro de salud en 2014 o pagar una multa.
"Debido a que el mandato individual es inconstitucional y no separable, todo el acto debe ser anulado", escribió, "Esta ha sido una decisión difícil de alcanzar y soy consciente de que tendrá implicaciones indeterminables".
En referencia a una disposición fundamental en la protección del paciente y asequible a la ley de atención, Vinson se posicionó junto a los gobernadores y procuradores generales de 26 estados de EE.UU., casi todos ellos republicanos, al declarar inconstitucional la reforma sanitaria de Obama.
"Independientemente de cuáles hayan sido sus intentos para lograr estos objetivos al aprobar la ley, el Congreso debe actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución", declaró Vinson, quien fue nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan.
La Administración Obama aseguró que apelará el fallo de Vinson y cree que prevalecerá sobre un tema altamente politizado con probabilidades de acabar en el Tribunal Supremo.
"Estamos totalmente en desacuerdo con el fallo de la corte y seguimos creyendo –como en otros tribunales federales– que la Ley de Asistencia Asequible es constitucional", dijo la portavoz del Departamento de Justicia Tracy Schmaler.
Un oficial de la Casa Blanca aseguró a los periodistas que la administración planea continuar con la implementación de la ley.
“Seguiremos operando como lo hemos hecho hasta ahora y esperamos que los estados harán lo mismo”, advirtió un oficial. “Obviamente, en este caso será apelado y la aplicación seguirá a buen ritmo. No es la última palabra”.
Pero el hecho de que el juez no emitiera una suspensión de su fallo en caso de recurso por parte del gobierno podría poner en peligro la aplicación de muchas de las disposiciones de la ley de salud.