Juicio sobre espionaje con Pegasus en México acaba con una absolución y orden de seguir investigando

El juez a cargo del primer juicio en México por espionaje con la tecnología Pegasus absolvió al único acusado del caso, pero consideró demostrado que la prestigiosa periodista Carmen Aristegui fue espiada y por ello pidió a la fiscalía que siga investigando el tema.

Así lo indicó a The Associated Press Leopoldo Maldonado, de la organización de defensa de la prensa Artículo 19 y uno de los asesores jurídicos de la comunicadora, con un sentimiento agridulce después de siete años de batalla jurídica.

“Difícil estar satisfechos cuando el único caso que se lleva ante la autoridad judicial resulta en una absolución”, dijo Maldonado. Pero “se confirma lo importante, y es que el espionaje ocurrió en contra de Carmen y que se debe investigar de manera exhaustiva” a pesar de que la fiscalía no logró acreditar que lo hiciera Juan Carlos García Rivera, el empleado de una compañía privada que operaba este programa de infiltración telefónica.

Además, agregó, el magistrado reconoció "la vulnerabilidad del sector periodístico ante las agresiones, particularmente ante esta”.

Antes de conocerse el fallo, la periodista había dicho que, independientemente de cuál fuera la resolución del juez, el proceso dejó claro que la espiaron por su trabajo periodístico y en represalia por sus reportajes sobre casos de corrupción, y que la orden de hacerlo la dio una autoridad pública, por lo que consideraba que las pesquisas debían continuar. Este es “el primer juicio de un asunto bastante más grande”, había comentado.

Al concluir la sesión, el abogado de García Rivera, Cuauhtémoc Vázquez, dijo no dudar que la periodista fue espiada, pero “no fue nuestro cliente” el que lo hizo, subrayó, sino “el gobierno anterior” por "motivos políticos que se establecieron en la audiencia”.

Confió en que García Rivera pueda quedar en libertad este fin de semana tras haber pasado dos años en prisión.

Las comunicaciones privadas de Aristegui fueron interceptadas entre enero de 2015 y julio de 2016, cuando la periodista estaba publicando casos graves de corrupción vinculados al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

García Rivera era el único acusado en el juicio, que comenzó en diciembre.

Este programa espía, que se infiltra en los teléfonos celulares, fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Según ha reiterado en varias ocasiones esta compañía, su tecnología ha sido creada para rastrear a presuntos criminales, sólo puede ser vendida a agencias gubernamentales verificadas y no puede ser operada por compañías privadas ni individuos.

Sin embargo, en 2021 una investigación de un consorcio global de medios demostró que el software se usó en muchos países del mundo para espiar a más de 50.000 defensores de derechos humanos, periodistas, opositores e inclusive a algún jefe de Estado.

Durante el juicio, un testigo protegido —que sólo fue identificado como Zeus— explicó que las infecciones con Pegasus a dispositivos de diversas personalidades públicas en México fueron ordenadas por el entonces presidente Peña Nieto, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong —que negó las acusaciones—, y el ex titular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz.

Según Zeus, estas interceptaciones se hacían a través de un entramado de diversas empresas intermediarias de KBH Aplied Technologies Group (KBH), proveedoras autorizadas por NSO Group para comercializar Pegasus en México.

Aristegui explicó que la fiscalía intentó demostrar que había una relación entre el anterior gobierno mexicano y el empresario israelí que creó KBH y que se benefició de jugosos contratos oficiales.

Dijo también que los abogados de García Rivera basaron su defensa en que el motivo para el espionaje lo tenía el gobierno y no un empresario, y en que el hecho de que hubiera otros 15.000 números telefónicos infectados con Pegasus demostraba que era un espionaje masivo que sólo podía llevarse a cabo a través de una infraestructura gubernamental.

El actual gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador localizó hace dos años una treintena de contratos vinculados a Pegasus, suscritos por diferentes departamentos de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2011) y de Peña Nieto (2012-2018), por valor de unos 61 millones de dólares.

Según el poder ejecutivo, la empresa israelí NSO utilizó compañías “fachada” para obtener contratos de diferentes instancias oficiales —incluida la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la extinta Policía Federal— por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia.

López Obrador prometió poner fin al espionaje gubernamental, pero las organizaciones Artículo 19 y R3D —asesores jurídicos de Aristegui y que han investigado durante años el espionaje con Pegasus— recordaron que el programa ha seguido utilizándose contra defensores y periodistas en este gobierno.

Además denunciaron que hasta ahora no se ha aclarado “la adquisición y uso de un ‘sistema de monitoreo remoto de información’ por parte de la Sedena”, la Secretaría de la Defensa Nacional, a una empresa de la red del distribuidor de NSO en México.

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