Dictan prisión por 36 meses para hermano de la presidenta de Perú por caso de corrupción

ARCHIVO - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, asiste a la Cumbre de CEOs del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el Gran Teatro Nacional, en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2024.

Juez dictó 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta peruana, por su presunta vinculación en una trama de corrupción.

La justicia de Perú dictó el martes 36 meses de prisión preventiva para el hermano de la presidenta Dina Boluarte, mientras la fiscalía lo investiga por presunto tráfico de influencias, cohecho y pertenecer a una organización criminal, en un caso que podría implicar a la mandataria del país andino.

La fiscalía había pedido la prisión contra Nicanor Boluarte por supuestamente haber ejercido "un poder de facto" para designar funcionarios desde que su hermana asumió al poder a fines del 2022, luego de que su antecesor, Pedro Castillo, fuera destituido y arrestado tras intentar disolver el Congreso.

La decisión se produjo al tercer día de que el juez Richard Carhuancho comenzara a resolver el pedido de prisión, en una audiencia sin la presencia del hermano de la presidenta.

Para tomar la decisión, el juez Carhuancho determinó que "existe alto grado de probabilidad" de que el hermano de la presidenta participó en los presuntos delitos en investigación.

Además refirió que hay un peligro de la fuga de Nicanor Boluarte debido a su cercanía con las "esferas del poder" por ser hermano de la presidenta del país sudamericano.

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Nicanor Boluarte había sido detenido por unos días de forma preliminar en mayo, cuando la policía allanó su vivienda en el marco de una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito contra la gobernante peruana por el uso de lujosos relojes que excederían su capacidad económica para tenerlos.

Boluarte, cuya popularidad ha caído a niveles históricos y debe gobernar hasta julio del 2026, ha negado las acusaciones.

La mandataria peruana enfrenta una investigación fiscal desde el año pasado por presuntamente ser cómplice de decenas de muertes en las protestas antigubernamentales de fines de 2022 y comienzos del 2023 en el inicio de su gestión.

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