Tras una petición del binomio presidencial electo en Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en que solicita a Guatemala adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de César Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar.
“La Comisión considera que la información presentada demuestra que Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”, dijo el comunicado.
La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que acuerde con ambos candidatos electos la medidas que se adoptarán y se informe sobre las acciones adelantadas, a fin de investigar los hechos y evitar su repetición.
Según el documento, el 15 de agosto el equipo de seguridad del presidente electo recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo “con participación de agentes estatales e individuos particulares”.
La información llegó de al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, que habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, que se implementaría para acabar con la vida de Arévalo.
Sin embargo, esta no sería la única amenaza.
En la noche del propio día de la segunda vuelta electoral, después de conocer el resultado de la votación, fiscales el Ministerio Público se reunieron de forme privada con el presidente electo para informarle que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión obtuvo información privilegiada, relacionada a estructuras criminales de pandillas, que puede poner en riesgo la vida e integridad física de Arévalo, por lo que se procedió a hacer la notificación correspondiente, para tomar las medidas de seguridad pertinentes.
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El informe de la CIDH agrega que la parte solicitante, es decir, el equipo del presidente electo, indicó que, pese al incremento significativo de peligro, “el Estado no habría desactivado los riesgos mediante una investigación adecuada que determine los responsables del plan, sino, por el contrario, se habría limitado a indicar que no ha recibido denuncias”.
Además, expone que el binomio presidencial cuenta con un contingente limitado otorgado por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad -SAAS, que está obligada a proveer seguridad a los binomios presidenciales, por lo cual han recurrido a seguridad privada, dada la desconfianza existente con las entidades del Estado bajo el actual contexto.
Se sabe que el esquema de seguridad está formado por 20 agentes distribuidos por turnos y no permanentemente. Además, explica que el presidente electo utiliza un vehículo prestado con un blindaje nivel 3, por debajo de lo recomendado por expertos en seguridad para una persona que se encuentra en su posición de riesgo, que requeriría un vehículo con blindaje nivel 7.
Y en el caso de Karin Herrera, su vehículo también prestado, tampoco llena las condiciones de seguridad necesarias, mientras las demás personas del Movimiento Semilla, no cuentan con ninguna medida de seguridad a su favor.
También lea Fiscalía de Guatemala acusa a máxima autoridad electoral de incumplimiento de deberesAl respecto, en una entrevista a un medio televisivo, el presidente electo confirmó que ellos requirieron la protección de la CIDH ante las “distintas formas de hostigamiento, seguimiento ilegal, sospechas de magnicidio y claros indicios de que hay alguna intención de atentar contra su vida”.
“Lo hemos hecho porque creemos que es necesario alertar y nosotros por nuestra parte estamos tomando las medidas del caso para elevar los niveles de seguridad”, aseguró Arévalo.
Además, confirmó que el gobierno respondió inmediatamente a la solicitud de la CIDH y ya se reunió con el ministro de gobernación y los equipos técnicos están desarrollando las medidas de seguridad que son necesarias ante esta situación.
Mientras tanto, también indicó que, pese a las amenazas, continúan con su agenda: “Karin y yo seguimos adelante con nuestra agenda de trabajo normal, cotidiana, ya en la preparación del ejercicio de gobierno que nos tocará después del 14 de enero”.
El gobierno de Guatemala también emitió un comunicado en el cual confirma que, tras la reunión con el presidente electo, se fortalecerán los dispositivos de seguridad y se incrementará el número de elementos de acuerdo a la recomendación de la CIDH.
Sin embargo, también hace un llamado al ente internacional a expresarse de manera objetiva para garantizar la imparcialidad, por las consecuencias que sus declaraciones puedan generar.
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