La utilización de fondos en el extranjero para planes sociales y la modificación del sistema de justicia serán temas centrales de la nueva ronda de negociaciones que inicia este viernes en Ciudad de México en el marco del diálogo para lograr una solución a la crisis en Venezuela.
Las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria que lo confronta políticamente volverán a coincidir en México entre el viernes 24 y el lunes 27 de septiembre con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de los gobiernos de Rusia y los Países Bajos.
Según se comunicó oficialmente tras la última ronda de diálogo, convinieron que el punto central de las próximas conversaciones serán el sistema de justicia y la institucionalidad venezolana, enmarcados en el tema del “respeto del estado constitucional de derecho”, que se incluyó en el memorando de entendimiento.
Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora para el diálogo de México, reivindicó ante la prensa tras la última ronda de negociaciones la relevancia de abordar el tema “profundo y complejo” de la reinstitucionalización del país mediante la consecución de un sistema judicial “independiente, soberano”.
Ese sistema, dijo, debe anidar en los venezolanos la certeza de que “la ley es igual para todos”. “Que acabe con la altísima impunidad que hay en Venezuela (…) nos permitirá confiar en que hay alguien a quien acudir cuando el Estado abusa de su poder. Es el sentido del equilibrio de un sistema judicial donde todos sintamos que la justicia puede ser conseguida”, manifestó.
Blyde, abogado experto en derecho constitucional, insistió en México en que ni siquiera el resurgimiento económico sería posible si no se lograran atacar “las causas” de la crisis integral de Venezuela, entre las que mencionó el desmoronamiento de la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes.
Se espera que el oficialismo haga énfasis en el debate en el “respeto del estado constitucional” que menciona el memorando de entendimiento, en el sentido de que la oposición no recurra a “golpes de Estado” o “magnicidios”, sino que retome la ruta electoral, como lo mencionó Maduro este miércoles durante su intervención pregrabada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ambas delegaciones acordaron dos puntos en la última sesión: un acuerdo para ratificar la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba; y un entendimiento “parcial” para la protección social de los venezolanos mediante la creación de una mesa bipartita para gestar planes alimenticios y de salud.
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“Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias” para Venezuela
Tensiones del diálogo
Otro tema que copará las negociaciones será el de las medidas para beneficiar la economía nacional y garantizar lo que han denominado “protección social al pueblo”, es decir, planes sociales para paliar la crisis que viven los venezolanos.
Este asunto se centrará en la posibilidad de que Venezuela tenga acceso a la asignación especialísima de derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario Internacional para la liquidez mundial durante la pandemia.
Las reuniones de este fin de semana en México vienen precedidas por fricciones entre las partes. El oficialismo anunció la semana pasada la inclusión como miembro pleno de su delegación para el diálogo de Alex Saab, empresario detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos.
La oposición respondió dejando el asunto en manos de Noruega, el facilitador, y remarcando que la eventual extradición de Saab es un asunto político entre dos países con sistemas democráticos soberanos, que no le compete.
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El gobierno de Maduro criticó duramente también las declaraciones de voceros opositores sobre activos de Venezuela en el extranjero, como la empresa Monómeros, recientemente intervenida por el gobierno colombiano, y acusó a sus detractores de querer provocar “el quiebre” de las negociaciones.
Jorge Rodríguez, máximo responsable de la delegación madurista, indicó en México hace tres semanas que la intervención de Monómeros era “un robo flagrante” del gobierno colombiano y, además, reveló que conversaban sobre “mecanismos audaces, novedosos y diversos” para obtener recursos.
Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor político venezolano, explica que existe una polémica, no solo desde las filas oficialistas, sino dentro de la misma oposición, por el manejo discrecional e irregular de los activos republicanos en el extranjero bajo la figura del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, a quien 50 países reconocen como presidente temporal desde 2019.
“Estas empresas tienen recursos venezolanos, deberían ser controladas por el gobierno venezolano, son activos venezolanos. La disputa es esa: hay un debate sobre si este dinero sigue siendo controlado, ni siquiera por un gobierno interino, realmente, sino por una facción política, Voluntad Popular, y si esto es correcto y constitucional, y qué tipo de beneficios tiene para los venezolanos”, detalla el docente universitario, en conversación con la Voz de América.
Casos como los de Monómeros y Citgo, a la cual el gobierno estadounidense renovó una licencia para proteger sus activos hasta enero de 2022, generan “escándalos” y minan la credibilidad de la oposición venezolana, opina.
“No tiene nada que ver el gobierno (de Maduro) con esto. ¿Quién vigila a los vigilantes de estos activos y qué es lo apegado a los principios de transparencia y responsabilidad al momento de administrar una empresa?”, se pregunta.
Quintero considera que esa polémica sobre los activos en el extranjero, si bien genera “tensión” en la oposición, no derrumbará la mesa de negociación.
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