Una decisión judicial prohíbe al diario La Hora de Quito, informar sobre un proceso judicial en su contra interpuesto por un funcionario del gobierno.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que considera como “un grave atentado contra la libertad de prensa” una orden judicial en Ecuador que le prohíbe al diario La Hora de Quito, informar sobre un proceso judicial en su contra interpuesto por un funcionario del gobierno.
La polémica tiene su origen en una nota publicada en primera plana el pasado 10 de octubre, titulada “71 millones en propaganda”, sobre el gasto de la publicidad oficial, datos que de acuerdo subsecretario Nacional de la Administración Pública, Oscar Pico Solórzano, “son inexactos y faltan a la verdad”.
El 13 de octubre La Hora publicó bajo el título “Réplica”, extractos de una carta de rectificación, pero sin otorgarle el mismo destaque ni despliegue que el reportaje periodístico, según la queja del funcionario.
El 5 de noviembre un juez acogió la demanda de Pico Solórzano, que le impide a La Hora “pronunciarse en sus páginas sobre este proceso”, mientras dure el trámite.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, aseveró que la medida judicial es “un grave atentado contra la libertad de prensa”, y advirtió que “esta absurda situación que plantea el silencio informativo contra un medio de comunicación, pueda extenderse a otros”.
La demanda, sobre la que se celebrará una audiencia pública el jueves 8 de noviembre, pide además que se ordene la rectificación de la información “en un espacio de similares características al utilizado en la nota periodística.
Por su parte, el jefe de Información de La Hora, Luis Eduardo Vivanco, aseveró que el periódico no rectificará la información que estuvo basada en un informe púbico de la Corporación Participación Ciudadana, “una institución respetable y reconocida a nivel nacional”, dedicada al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de la transparencia en la vida pública.
La polémica tiene su origen en una nota publicada en primera plana el pasado 10 de octubre, titulada “71 millones en propaganda”, sobre el gasto de la publicidad oficial, datos que de acuerdo subsecretario Nacional de la Administración Pública, Oscar Pico Solórzano, “son inexactos y faltan a la verdad”.
El 13 de octubre La Hora publicó bajo el título “Réplica”, extractos de una carta de rectificación, pero sin otorgarle el mismo destaque ni despliegue que el reportaje periodístico, según la queja del funcionario.
El 5 de noviembre un juez acogió la demanda de Pico Solórzano, que le impide a La Hora “pronunciarse en sus páginas sobre este proceso”, mientras dure el trámite.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, aseveró que la medida judicial es “un grave atentado contra la libertad de prensa”, y advirtió que “esta absurda situación que plantea el silencio informativo contra un medio de comunicación, pueda extenderse a otros”.
La demanda, sobre la que se celebrará una audiencia pública el jueves 8 de noviembre, pide además que se ordene la rectificación de la información “en un espacio de similares características al utilizado en la nota periodística.
Por su parte, el jefe de Información de La Hora, Luis Eduardo Vivanco, aseveró que el periódico no rectificará la información que estuvo basada en un informe púbico de la Corporación Participación Ciudadana, “una institución respetable y reconocida a nivel nacional”, dedicada al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de la transparencia en la vida pública.