Un grupo de legisladores de la oposición en Ecuador está presionando por la destitución del presidente conservador Guillermo Lasso, después de casi dos semanas de masivas protestas encabezadas por grupos indígenas que exigen precios más bajos del combustible y de los alimentos.
Las manifestaciones, en ocasiones violentas y que comenzaron el 13 de junio, han dejado como saldo hasta el momento seis civiles muertos y múltiples ataques contra la fuerza pública.
Las protestas han empeorado la ya conflictiva relación de Lasso con la Asamblea Nacional, cuyos legisladores han bloqueado sus principales propuestas económicas, mientras lucha por contener la creciente violencia que atribuye a las bandas de narcotraficantes.
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Continúan las manifestaciones en Ecuador
Los asambleístas del opositor movimiento UNES, leales al expresidente Rafael Correa, pidieron en sus cuentas de Twitter que se adelanten las elecciones, previstas para el 2025, y dijeron que ponían a disponibilidad su cargo.
La Constitución de Ecuador permite a los legisladores destituir a los mandatarios y convocar elecciones si el país atraviesa una crisis política o disturbios masivos.
"El país no da más", dijo a Reuters el asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, al informar que realizarán el pedido formal para que se convoque a una reunión. "El diálogo se rompió por todos los lados y con violencia".
Los legisladores de otros partidos apoyarían individualmente los esfuerzos, dijo Jarrín.
El Legislativo necesita 46 firmas de respaldo al pedido de destitución del mandatario para que se convoque un debate.
Su destitución en sí requeriría el apoyo de 92 de los 137 legisladores de la Asamblea y el propio Lasso también puede disolver la legislatura y convocar elecciones.
"Hemos sido insistentes en la voluntad de dialogar, hemos hecho concesiones, hemos redactado varios decretos y aun así la irracionalidad es la que quiere imponerse en el país y no lo vamos a permitir", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a una radio local. "Tenemos una obligación con todo el país y lo vamos a cumplir".
Agentes de la policía antidisturbios montan guardia durante una protesta antigubernamental en medio de un punto muerto entre el gobierno del presidente Guillermo Lasso y manifestantes mayoritariamente indígenas que exigen el fin de las medidas de emergencia, en Quito, Ecuador, el 23 de junio de 2022. REUTERS/Santiago Arcos
MILITARES HERIDOS
A pesar de algunas concesiones del Gobierno, el acercamiento entre funcionarios y manifestantes encabezados por el grupo indígena CONAIE ha estado estancado durante varios días.
Los líderes indígenas han exigido el retiro de la fuerza pública y el fin de las medidas especiales implementadas para seis provincias antes de que las dos partes puedan discutir una lista de 10 demandas, que incluyen precios más bajos del combustible y el cese de la expansión petrolera y minera.
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Doce días de paralización en Ecuador sin soluciones a la vista
Lasso ha anunciado fertilizantes subsidiados, condonación de deudas bancarias y aumentos presupuestarios para salud y educación y el jueves retiró a los uniformados de una institución cultural, permitiendo que sea utilizada por los manifestantes.
Pero los violentos enfrentamientos de la noche del jueves han aumentado las tensiones una vez más, aunque la CONAIE dijo que celebraría una reunión el viernes para sopesar una respuesta del gobierno a sus demandas.
El Ministerio del Interior confirmó la muerte de cuatro personas en el contexto de las protestas y el Ministerio de Salud ha dicho que dos personas murieron en ambulancias retrasadas por los bloqueos de carreteras.
Personas armadas atacaron un convoy militar que intentaba ayudar a camioneros que transportaban alimentos y medicinas a mover sus vehículos por las vías de acceso a Quito, dijo Edwin Adatty, comandante de la fuerza de tarea conjunta de la ciudad.
Diecisiete militares resultaron heridos y tres vehículos quemados, según el comandante.
"No estamos hablando de una manifestación pacífica, estamos hablando de hechos de violencia premeditados y coordinados", dijo.
Los residentes de la capital se quejaban de que los suministros de gas doméstico se están agotando, al igual que los productos en los supermercados.
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