Un panel de la corte federal de apelaciones dictaminó que una ley de Kansas que requiere prueba de ciudadanía al registrarse para votar es inconstitucional y viola la Cláusula de Igualdad de Protección y la Ley Nacional de Registro de Votantes.
El panel del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito en Salt Lake City confirmó la orden judicial permanente de la jueza de distrito de EE.UU. Julie Robinson que prohíbe el uso del estatuto y la aplicación del requisito.
La decisión se extiende más allá de Kansas a los seis estados cubiertos por el Décimo Circuito: Oklahoma, Kansas, Nuevo México, Colorado, Wyoming y Utah, y les obliga a cumplir.
La ley, impulsada por el ex secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, ordenó ilegalmente que los votantes muestren prueba documental de ciudadanía, como un certificado de nacimiento o pasaporte, para registrarse para votar.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) de Kansas y Dechert LLP, en nombre de la Liga de Mujeres Votantes de Kansas y residentes de Kansas.
En junio de 2018, un tribunal de primera instancia federal derogó la ley después de encontrar que violaba la Ley Nacional de Registro de Votantes y la Constitución de EE.UU. y provocó la apelación del estado ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Décimo Circuito.
La batalla legal se extiende más allá de Kansas cuando los miembros del Partido Republicano en todo el país, incluido el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, han intentado implementar leyes similares, diciendo que su objetivo es eliminar el fraude electoral en persona.
En enero, los líderes republicanos en el Senado de Minnesota dijeron que planeaban renovar su impulso a una ley de identificación de votantes, y a principios de abril, la legislación dominada por los republicanos de Kentucky decidió exigir a los votantes que muestren una identificación emitida por el gobierno.
Los estudios han demostrado que el fraude electoral en persona es raro, y los críticos de la identificación del votante, como la ACLU, afirma que los esfuerzos republicanos son un intento de suprimir la participación electoral.
Al llegar a su veredicto, los jueces del Décimo Circuito encontraron que los 31,089 votantes de Kansas cuyas solicitudes de registro fueron canceladas o suspendidas demostraron que la ley cumplía con los estándares de una carga significativa.
En las presentaciones judiciales, Kansas impugnó que la ley fue presentada con el único interés de prevenir el fraude electoral, argumentando que el requisito de prueba de ciudadanía mantiene la integridad de las elecciones y no representa un obstáculo significativo para los votantes.