El gobierno de Uruguay considera un plan de liberación anticipada de algunos reclusos para descongestionar las cárceles del país, catalogadas “entre las peores del mundo” por Naciones Unidas.
No obstante, integrantes de los partidos de oposición son reacios a la medida, al considerar que no solucionará a largo plazo el problema de la sobrepoblación del sistema carcelario –que tiene plazas para unos 6.000 presos pero actualmente aloja a cerca de 9.200 personas–.
Además, aseguran que la policía nacional, carente de recursos, no está preparada para monitorear la eventual liberación de entre 1.500 y 2.000 presos, el número estimado de personas que se beneficiarían de la libertad anticipada.
“A pesar de que no conocemos con detalle qué es lo que se propone, todavía no fue presentado el proyecto, creemos que esta medida no resuelve de fondo el problema, será transitoria”, dijo a voanoticias.com el senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, integrante de una comisión multipartidaria de seguridad pública creada por el actual presidente, José Mujica.
“Lo que vamos a hacer es aumentar los índices delictivos, porque estamos volcando a la calle a gente que cometió delitos y tiene posibilidad de volver a cometerlos. Muchos de ellos no tienen dónde trabajar, no tienen medios de vida. No es sencillo”, opinó. “No creo que en el estado actual, la policía nacional pueda cargarse de esta nueva tarea”, agregó.
El proyecto de liberación anticipada llevará un tiempo antes de concretarse, ya que antes se debe llegar a un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, dijo a la prensa local el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
El jerarca adelantó que quienes se podrían beneficiar de esta liberación son los reclusos que ya cumplieron dos tercios de su pena y no recibieron condena, con lo cual el gobierno uruguayo cumpliría con el Pacto de San José de Costa Rica y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
De todos los reclusos procesados que todavía no recibieron condena –que representan, en promedio, entre el 66 y el 67 por ciento de toda la población carcelaria– habría que excluir a los presos que cometieron un delito grave y tengan mala conducta, explicó Bonomi.
También se evalúa la liberación de los presos primarios menores de 28 años con buena conducta, los mayores de 70 años y presos en condiciones de salud más vulnerables como los enfermos terminales y las embarazadas.
Esta liberación no sería aplicada de forma aislada: para mejorar la caótica situación de las cárceles, fue aprobada recientemente una ley de emergencia carcelaria que destinará una partida de $ 15 millones de dólares para la construcción de nuevas cárceles, la remodelación de los módulos de algunas ya existentes, la contratación de 1.500 nuevos guardias penales y el traslado de algunos presos a unidades militares.
¿Similar a una medida anterior?
Algunos políticos de la oposición compararon la liberación anticipada de reclusos con una medida similar aplicada durante el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez para descongestionar las cárceles, que no fue efectiva.
En 2005, Vázquez impulsó la ley de humanización de cárceles que liberó a poco más de 800 reclusos y, por un tiempo, la población carcelaria bajó.
La tasa de reincidencia de los reclusos liberados fue del 25 por ciento, bastante más baja que la reincidencia general promedio, que es del 65 al 70 por ciento, dijo a voanoticias.com Álvaro Garcé, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario (que asesora al Poder Legislativo en la situación de las cárceles).
La diferencia es que los 800 reclusos fueron preseleccionados y monitoreados de forma cercana tras su liberación por el Patronato de Liberados.
Pero en los hechos, la población carcelaria aumentó en una tasa del 10 por ciento anual de 2007 en adelante, dijo Garcé, hasta alcanzar la cifra actual de unos 9.200 reclusos.
En este caso, la liberación anticipada de reclusos estaría acompañada de un paquete más amplio de medidas que quizá harían más efectivas las mejoras en las cárceles y su descongestionamiento, consideró Garcé.
Sin embargo, él prefirió no opinar sobre la posible liberación de presos hasta tener “una versión institucional, un documento o texto” sobre el cual pronunciarse. “No tengo bases, más allá de lo que conozco sobre la versión pública, para opinar sobre este hecho, que tiene que ser resuelto primero a nivel político”, dijo.
Y a nivel político, por ahora, la propuesta genera polémica.