La noche del 28 de noviembre de 2021, en medio de vítores del público cuando se conocían los resultados preliminares de las elecciones en Honduras, Xiomara Castro, candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), salió a pronunciar un discurso.
En aquel momento, en el que se perfilaba como ganadora, se comprometió a formar un gobierno de reconciliación y de justicia, e indicó que gobernaría “a través de los gobiernos locales, alcaldes y diputados”. Incluso advirtió que nunca más se abusaría del poder en su país.
Castro también dijo que llamaría a un diálogo “con todos los sectores” para encontrar puntos de coincidencia”, pero a la vez fue tajante al indicar que lucharía contra la corrupción y el narcotráfico.
Sin embargo, en vísperas de la toma de posesión de Castro se originó el primer conflicto político derivado tras la elección del presidente del Congreso, el cual terminó a golpes y empujones y con el resultado de dos juntas directivas paralelas que sesionaron por separado.
Una de las sesiones fue dirigida el martes, a dos días de la juramentación, vía zoom, por Jorge Cálix, a quien Castro considera un “traidor” por haberse coludido con diputados del derechista Partido Nacional para obtener votos suficientes para ser el presidente del Parlamento.
La otra sesión paralela se celebró en el Poder Legislativo y fue dirigida por el diputado Luis Redondo, quien tiene el respaldo de Castro, pero cuya legitimidad ha sido cuestionada por los expertos.
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Tiziano Breda, analista de la organización International Crisis Group, que trabaja en la prevención conflictos armados, señala que Castro tiene el reto de demostrar en momentos como estos la “unidad y reconciliación” que pregonaba durante su campaña y que incluso sostuvo el día que fue reconocida como presidenta electa; y señala que la solución del problema que se vive actualmente en la nación hondureña dependerá de la actuación del Ejecutivo.
Y en el caso actual que se originó por el conflicto de la elección de la junta directiva el papel de Castro será decisivo y deberá desligarse de apoyar una junta directiva paralela.
“Si Xiomara busca imponer su junta directiva, es probable que se inflame el conflicto político con el poder legislativo y demás instituciones del Estado, e incluso algunos socios internacionales, lo que profundizaría la crisis política actual”, dijo Breda a la Voz de América.
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Castro también ha insistido en la lucha contra la corrupción, por lo que ha indicado que solicitará a Naciones Unidas que envíe una misión que apoye este esfuerzo y pedirá al Congreso que derogue las “leyes de impunidad”.
Sin embargo, para lograr esto tendrá que llegar a acuerdos políticos al existir un conflicto en el Parlamento.
Breda, de Crisis Group, sostiene que Castro “deberá buscar los consensos necesarios para asegurar su gobernabilidad y la implementación de su agenda, y a su vez reafirmar su liderazgo que ha sido puesto a prueba por esta aparente fractura en los rangos de su partido”.
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De igual forma Castro ha prometido que su gobierno generará nuevas fuentes de empleo, a lo que el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) Juan Carlos Sikaffy, ha respondido que para lograr esto se deberán crear las condiciones para “atraer más inversión extranjera”.
“Creo que en esta administración se va a afianzar más la relación que tenemos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y nuestros intereses se alinean con los americanos de evitar la migración irregular, pero que se generen esos empleos dignos permanentes e inclusivos en Honduras”, dijo el presidente de COHEP a la VOA.
¿Qué dicen sus detractores y qué dice su gobierno?
David Chávez, presidente del derechista Partido Nacional de Honduras, confía en que puede haber un buen rumbo en el gobierno de la presidenta Castro, pero señala que con “la usurpación” de la junta directiva “impuesta por la mandataria” será difícil.
El político menciona que al haber “dos Congresos, uno legítimo y otro ilegal” afectará la inversión extranjera y la aprobación de futuros préstamos que pasan por la Asamblea Legislativa.
“Hay contratos que tienen que pasar por el Congreso, ¿cuál es el legal, cuál es el ilegal? No es nuestra postura, es la legitimidad de los procesos. La legitimidad de reconocer a un congreso que fue elegido con diputados propietarios”.
Además, cuestiona que Castro juega con “las piezas de ajedrez que se han movido a favor de ella, porque aprovecha esa votación grande, lo cual le da una popularidad fuerte”.
“Con esas acciones de Castro no miro ninguna especie de reconciliación. Lo que miro es que ella está entrometiéndose en las decisiones de otros poderes del Estado, irrespeta completamente la independencia de poderes, la autonomía de los mismos y eventualmente deteriora la institucionalidad”.
“En vez de buscar una reconciliación, lo que existe es un conflicto grave en el país, donde prácticamente la clase política hoy la tiene partida dividida y ella hablaba de buscar consenso y lo menos que ha hecho es buscar los mismos y más bien imponer lo que ella determine”, opina Chávez.
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