El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que hubo abuso de autoridad en el caso de un estudiante que fue abatido por policías en el estado sureño de Guerrero.
Tras la polémica desatada por el evento, ocurrido el pasado jueves, en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, López Obrador negó en su conferencia matutina que el estudiante fallecido hubiese disparado y aseguró que se castigará a los responsables del hecho.
La declaración de López Obrador echa por tierra la versión inicial que ofrecieron las autoridades de Guerrero, que alegaron que los policías dispararon en respuesta a una agresión armada que recibieron desde un vehículo que había sido reportado como robado.
En el hecho resultó herido uno de los ocupantes del automóvil, de 23 años, quien recibió un disparo de bala en la cabeza y murió poco después en un hospital de Chilpancingo. El joven era estudiante de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que asistían los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014.
También lea Atacan a transportistas en el sur de México, hay cuatro muertosLa investigación del caso fue asumida por la Fiscalía General de la República y los policías implicados en la agresión fueron detenidos.
La muerte del joven desató protestas en Guerrero, donde manifestantes incendiaron una patrulla policial y un vehículo de la Guardia Nacional y retuvieron por varias horas a un grupo de guardias nacionales.
López Obrador dijo también este lunes que está dispuesto a conversar con los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en Guerrero.
El caso de los 43 jóvenes desaparecidos ha vuelto a generar polémica luego de que un grupo de manifestantes derribó el pasado miércoles una puerta del palacio de gobierno en medio de protestas en reclamo de celeridad en la investigación.
En los últimos meses los familiares de los estudiantes y sus abogados han acusado al gobierno de López Obrador de no haber avanzado en la pesquisa del llamado caso Ayotzinapa a pesar de que se comprometió al inicio de su sexenio, en 2018, a localizar a los jóvenes y esclarecer los hechos.
A casi nueve años y medio no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cartel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.
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