El director para las Américas, de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en entrevista con Venezuela 360 denunció las condiciones de explotación existentes en las minas ilegales de oro de Venezuela, controladas por grupos paramilitares que operan con la "aquiescencia" del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
"Cuando aquellos que están trabajando en la extracción del oro, entre los que se encuentran niños, mujeres y adultos, no obedecen los códigos de conductas que imponen estos grupos delincuentes, las sanciones son macabras. Incluye el cortar a las personas con motosierras, amputarles los dedos y las manos, rapar a las mujeres y colocarles un cartel que dice «me van a matar por haber sido una ladrona»", explicó.
Algunos de estos testimonios relatan cómo los responsables de minas como las de Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo ejercen la violencia sobre sus trabajadores en caso de no cumplir con las normas establecidas.
"En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas", detalla el documento.
"Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales", acusó esta organización pro derechos humanos en un informe divulgado este martes.
De acuerdo con HRW, organizaciones venezolanas -conocidas como "sindicatos"- y grupos armados colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejercen un "estricto control" sobre las poblaciones próximas a los yacimientos ubicados en el estado de Bolívar, al sur de Venezuela.
La organización basa sus conclusiones en más de una treintena de entrevistas a mineros, periodistas y líderes de grupos indígenas, llevadas a cabo durante 2018 y 2019.
Enfermedades y controles
El informe también indica que los trabajadores de estos yacimientos se enfrentan a condiciones laborales muy deficientes, por lo que están expuestos a enfermedades como la malaria.
HRW reconoce que el gobierno en disputa de Maduro ha anunciado iniciativas para combatir la minería ilegal, pero pone en duda su determinación a la hora de llevarlas a cabo.
La organización incluso se hace eco del testimonio de algunos de los entrevistados que aseguraron que "las autoridades tienen conocimiento" de esta situación y que, de hecho, "agentes de seguridad estatales visitan las minas para cobrar sobornos".
Vivanco le dijo a la Venezuela 360 que la población más vulnerable de Venezuela, quienes no tienen otra alternativa de trabajo e ingresos, están en condiciones insalubres, sin protección y expuestas al mercurio y a problemas ambientales que les traen problemas de salud.
Asimismo, HRW asegura no haber encontrado información pública sobre investigaciones abiertas para dilucidar la posible participación de funcionarios gubernamentales.
En entrevista con la Voz de América, la subsecretaria de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk aseguró que la protección que reciben estos grupos se dan por diferentes vías. Taraciuk afirma que los testimonios explicaron que las fuerzas de seguridad pasan con frecuencia a cobrar vacunas o dinero para permitir que estos grupos ilegales operen. "En algunos casos, nos dijeron que vieron a altos funcionarios en las minas. En uno de los casos, incluso, que alguien, un alto funcionario del gobierno llegó, se llevó oro y dejó comida".
También, dice, hay casos donde los abusos son cometidos por las fuerzas de seguridad. Incluso, que "estos grupos se enfrentan con las fuerzas de seguridad venezolanas o con los grupos ilegales colombianos, precisamente para mantener el control de estas minas que producen el oro".
“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, resumió el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Tamara Taraciuk, por su parte, concluye que, hasta donde se pudo entender en la práctica, no hay "estándares de debida diligencia que estén implementando las refinerías de oro y los compradores de oro" para asegurar que el oro que se compra no provenga de estas minas.
Lo que se pretende lograr con esta publicación, dice ella, es impulsar a que las refinerías de oro y los compradores hagan su trabajo debidamente y asegurando que el oro que están comprando "no esté manchado con sangre venezolana".
Artículo escrito con colaboración de Carolina Valladares.