“¿Por qué se lo llevan?”, gritó Pedro Castellón al ver a un grupo de policías que arrestaba a su hermano Rafael López Castellón, de 53 años, en Loma de la Cruz, un pueblo al oriente de El Salvador.
Era 8 de abril y el país centroamericano llevaba una semana en un régimen de excepción cuyo propósito era perseguir pandilleros y sitiar comunidades controladas.
Las bartolinas de la policía en San Salvador no daban abasto y al menos 600 salvadoreños eran detenidos cada día. Rafael fue uno de ellos hasta que murió en custodia del Estado dos meses después de su captura.
“Yo les dije a los policías que si ellos se lo llevaban ellos eran los responsables si él moría en el penal y lo que me dijeron fue ‘muerto lo vas a ir a traer’”, relató Pedro Castellón a la Voz de América.
A Pedro le llegó todo de golpe: La captura y la muerte de su hermano. Al principio buscó información en tantos lugares como pudo: en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la Fiscalía, en el penal La Esperanza en San Salvador y en la misma policía que se lo había llevado. Todos le decían lo mismo: “No tenemos información”.
Hasta que el 31 de mayo fue al penal de Mariona y lo encontró. “Me dijeron ‘sí, aquí está. Él está en el sector dos y está bien’”. Las visitas no son permitidas en un régimen de excepción, pero recuerda que le dejó una colchoneta y un paquete de artículos de higiene.
Pasada una semana, Pedro fue a tramitar la constancia de antecedentes penales de su hermano.
Rafael Castellón, un salvadoreño detenido bajo el régimen de excepción que murió en la prisión.
“A usted no se le puede entregar este documento porque su hermano aparece como fallecido”, fueron las palabras que según Pedro usó la empleada pública al negarle la constancia de antecedentes penales de su hermano.
“Tanto preguntar por mi hermano y hasta aquí me vine a dar cuenta lo que ha pasado”, respondió Pedro.
En el sistema me aparece que murió el 1 de junio, concluyeron.
Rafael había muerto solo unos días después de que el custodio del penal le dijera que todo estaba bien. Para ese momento en que Pedro y su familia se enteraron de la muerte, el cuerpo de Rafael yacía en una fosa donde se entierra a las personas no reconocidas por sus familiares. En una fosa común.
“Para reconocerlo me enseñaron unas fotos. Estaba bien demacrado y me pareció raro, pues yo le había llevado hasta prestobarbas y él estaba todo barbón, todo demacrado”, agregó Pedro.
Rafael murió el 1 de junio en el hospital Zacamil, en San Salvador, según el reporte del Instituto de Medicina Legal (IML) la muerte fue por cardiomiopatía (dificultad en el bombeo de la sangre).
Al menos 80 muertes
Algunas organizaciones de derechos humanos y medios locales son quienes dan cuenta de los reos fallecidos durante el régimen de excepción en El Salvador. El gobierno aún no da una cifra oficial.
La organización Cristosal habla de 80 muertes de personas recluidas en las cárceles salvadoreñas, un hecho que la jefa jurídica de la organización, Zaira Navas, describe como “crítico”.
Your browser doesn’t support HTML5
Zaira Navas
“Al menos ninguna de las personas que han muerto había sido condenada o se había establecido que era pandillero y que había cometido un hecho delictivo. Es decir, han muerto bajo custodia del Estado sin que se haya establecido que el estar privado de libertad tenía una justa causa”, explicó a la VOA.
Aunque el Estado salvadoreño ya fue denunciado por tres organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las explicaciones no llegan.
Para hablar de los fallecidos en el régimen de excepción, Cristosal se apoya de los casos que documenta a voz viva, de los medios de comunicación locales y de algunos documentos a los que tiene acceso. La organización concluye que hay falta de garantías mínimas en los centros penales salvadoreños.
“Hay falta de atención médica, falta de asistencia y garantía del derecho a la salud y probablemente responsabilidad de autoridades estatales en malos tratos, golpes, tortura, lesiones y violencia en algunos de los casos que se han identificado”, agregó Navas.
Una muerte en custodia del Estado implica una violación a todos los derechos fundamentales, a todas las convenciones y tratados suscritos por El Salvador y a la misma Constitución, expuso Alejandro Díaz Gómez, miembro del área jurídica de la organización Tutela Legal.
“Hay un deber de garantía del Estado de todos los derechos que está establecido en estos tratados y convenciones. (…) Lastimosamente muchos funcionarios utilizado arenga populista dicen que van a exterminar a personas o que no van a darles comida”, explicó a la VOA.
Your browser doesn’t support HTML5
Alejandro Díaz
El Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) en El Salvador detalló en un informe que la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) identificó 306 casos de torturas y otros tratos crueles entre el 27 de marzo y el 7 de julio. La cifra no ha sido actualizada.
Gobierno: muertes son por problemas de salud
El director de Centros Penales, Osiris Luna, dijo en un programa televisivo en canal 21 de El Salvador que no se ha confirmado ninguna muerte dentro de los centros penales que no esté vinculada al tema de salud.
“Hay gente que está falleciendo en los centros penales porque padecen hasta cuatro morbilidades y se niegan a recibir sus tratamientos de quimioterapia", dijo.
Asimismo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele agregó en una transmisión en vivo el 17 de octubre que a los capturados “se les han respetado sus derechos”.
“Comparados con lo que otros países les hacen a los terroristas somos unos santos, otros países están tirando misiles a los terroristas. Nosotros todavía los metemos a las cárceles, no los metemos a Guantánamo. Les hacemos un proceso, los llevamos a la Fiscalía, la Fiscalía los lleva a los juzgados”, aseguró.
Naciones Unidas, en un informe publicado el 14 de octubre, se mostró preocupada por la situación de derechos humanos en El Salvador.
Pidió al Estado de El Salvador garantizar que el régimen de excepción, prorrogado por séptima vez, se use conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, entre otros.
Hasta el 16 de octubre, 55.000 personas habían sido capturadas en el régimen de excepción.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.