EE.UU. rechaza acusaciones de Maduro

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Durante las palabras que cruzaron en enero de 2015, en la toma de posesión de Dilma Rousseff, Biden pidió a Maduro liberar a los presos políticos.

El presidente de Venezuela señaló al vicepresidente de Estados Unidos como promotor de un intento de la derecha internacional por derrocar su gobierno, lo que Washington niega.

Estados Unidos negó las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la supuesta promoción de parte del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de un golpe de Estado.

"Estos alegatos no tienen base y son falsos", dijo la vocera del Departamento de Estado de EE.UU. Jen Psaki. "Este tipo de declaraciones distraen de las propias acciones de Venezuela al culpar a EE.UU. y otros miembros de la comunidad internacional".

Durante una cadena nacional, el mandatario venezolano dijo que había recibido la información de naciones caribeñas que estuvieron en Washington, participando en una cumbre energética, donde Biden habría hablado sobre el supuesto plan.

“Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de personalmente haber hablado con presidentes y primer ministros", sentenció Maduro.

"El poder imperial del norte ha entrado en fase peligrosa de desesperación y han ido a hablar con gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi Gobierno”, agregó.

“Tengo que cumplir mi responsabilidad de denunciar el golpe de Estado que se empuja desde la derecha internacional”, alertó.

Según el mandatario venezolano, en ese supuesto plan en su contra estarían involucradas “todas las agencias del gobierno” de Estados Unidos, entre las que mencionó a la oficina de Administración para el Control de Drogas, (DEA) la Agencia Central de Inteligencia, (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Al iniciar 2015, en el breve encuentro que sostuvieron Maduro y Biden en Brasilia, durante la toma de posesión de la presidenta reelecta Dilma Rousseff, el vicepresidente estadounidense instó al mandatario venezolano a liberar a los presos políticos.

"El gobierno venezolano debería centrarse en las quejas legítimas de su pueblo, que incluyen violaciones reiteradas de la libertad de expresión y de reunión, así como el debido proceso ante la ley", señaló Psaki.