La solicitud de poderes especiales hecha a la Asamblea Nacional por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le dará amplitud para gobernar sin restricciones durante seis meses en diversas materias.
Bajo el título Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz, Maduro espera gobernar en materia de “asuntos internos belicistas, o cualquier actividad externa o interna que pretendan violentar la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas”, precisa el texto.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado en primera discusión, será debatido el domingo 15 de marzo para su aprobación definitiva por el Poder Legislativo, donde el chavismo cuenta con la mayoría calificada necesaria de 99 votos.
De aprobarse, la ley otorgará poderes especiales a Maduro para la “protección del Pueblo y de todo el Estado frente a actuaciones de otros países o entes económicos o financieros transnacionales, o de factores internos, dirigidas a perturbar o distorsionar la producción, el comercio o el sistema socioeconómico y financiero”, señala el texto.
Esta ley será un “atajo” para decretar un estado de excepción “si considera que hay amenaza de Estados Unidos”, según el abogado constitucionalista José Vicente Haro.
“Es una forma de tomar un atajo porque son poderes tan amplios y discrecionales en materia de seguridad y defensa nacional, de justicia y derechos fundamentales, que le permitiría gobernar por decreto y tomar medidas que solo podrían ser dictadas bajo un estado de excepción”, dijo Haro a la Voz de América.
La Constitución de Venezuela establece como estado de excepción circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación.
“Con esta ley gobernaría por decreto sin tener que cumplir con los controles impuestos por la Asamblea Nacional ni el Tribunal Supremo de Justicia tal y como lo define la ley”, agregó.
La ley le permitiría a Maduro reformar leyes que permitan imponer penas por “responsabilidades, civiles, administrativas y penales”.
Haro advierte que esto se traduciría en “una forma de perseguir a la disidencia”.
Para Edgard Gutiérrez, consultor en asuntos políticos y electorales, el “apellido antiimperialista que tiene la ley es una excusa” ante una supuesta agresión externa.
“Lo más grave que tiene esta ley es que legaliza la persecución a la disidencia”, dijo Gutiérrez a la Voz de América.
“Este proyecto de ley materializa los dos grandes objetivos que ha perseguido Maduro en los dos últimos años, [apretar] en lo económico para la implantación abierta de un modelo comunista, y la represión política”, agregó.
Maduro solicitó legislar por poderes especiales este martes luego que el gobierno de Obama anunciara sanciones contra siete funcionarios venezolanos vinculados con la violación de derechos humanos y calificara a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional y política exterior.