El estado de Maryland se prepara para responder a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca acabar con las llamadas “ciudades santuario”.
Para ello ha preparado un proyecto de ley denominado el “Acta de la Confianza” que será sometido a votación en ambas cámaras legislativas y que básicamente prohíbe a la policía local actuar como agentes de inmigración.
“Este proyecto de ley busca que los recursos locales no se destinen para hacer el trabajo federal como es hacer cumplir la ley de inmigración. Los fondos locales deben ser invertidos en proyectos importantes para beneficio de la comunidad en sus localidades”, explicó a la Voz de América Yaheiry Mora, gerente de legislación y elecciones de Casa en Acción.
Si bien el lenguaje de la legislación no incluye la palabra santuario, Mora afirma que está a “discreción” de las personas y las autoridades llamarla de esa manera.
“Este proyecto de ley es en repuesta a la orden ejecutiva de Trump con el fin de proteger a la comunidad inmigrante indocumentada en Maryland. Actualmente, la policía local no tiene ninguna obligación de cooperar con el gobierno federal en casos de inmigración y esta ley prohibiría esta cooperación en el estado de Maryland”, afirma la activista.
Por su parte, el gobierno de Donald Trump estipuló en la orden ejecutiva el retiro de fondos a las ciudades que se nieguen a cooperar por considerar que es necesario el trabajo en conjunto para garantizar la seguridad del país.
“No las llamaría ciudades santuario, eso es un juego de palabras creado por los demócratas. Yo las llamaría una tierra sin leyes porque de santuario no tienen nada. Solo van en contra del espíritu de los Estados Unidos”, señaló a la Voz de América la analista republicana Maricruz Magowan.
El estado de Maryland otorga licencias de conducir a las personas que carecen de estatus legal en Estados Unidos. Esta situación hace que los inmigrantes sean más vulnerables a ser detenidos por la policía si se pone en marcha la orden ejecutiva de Trump, señaló Mora.
“Esto en Maryland abriría la puerta para la discriminación racial”, agregó.
El proyecto de ley está patrocinado en la Cámara de Delegados por los legisladores Maricé Morales y Carlos Sánchez y es apoyado por 68 delegados. La versión del Senado está patrocinada por el senador Víctor Ramírez y hasta el momento cuenta con el respaldo de 24 senadores.
Se espera que en las próximas dos semanas la medida sea sometida a votación.
“Este proyecto de ley beneficia a todos, no solo a los inmigrantes porque si una persona indocumentada no puede reportar un crimen porque tiene miedo a ser interrogada sobre su estatus migratorio, entonces la comunidad entera se perjudica porque aumenta la inseguridad”, explicó Mora.