México aprobó dos polémicas reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador en la recta final de su mandato y a poco más de un mes de las elecciones generales del 2 de junio.
Una otorga al presidente el poder de amnistiar a quien ofrezca información comprobable en casos “relevantes para el Estado", algo que el propio mandatario podrá determinar, lo que ha alentado temores a que pueda abrir la puerta a un uso discrecional.
La otra iniciativa reformó la ley de amparo e impedirá que los jueces puedan suspender de manera general normas y obras impugnadas en los tribunales, algo que ha paralizado numerosas iniciativas presidenciales y ha sido una de las razones del enconado enfrentamiento entre el presidente y el Poder Judicial.
La Cámara de Diputados sacó adelante las reformas, previamente avaladas por el Senado, tras un debate que se prolongó hasta pasada la medianoche gracias a la mayoría que tiene el partido oficialista, Morena, y sus socios en ambas cámaras y pese al rechazo contundente de toda la oposición.
También lea México pide respeto a EEUU tras publicación de informe sobre derechos humanosLópez Obrador ha dicho que el artículo integrado a la ley de amnistía podría ayudar a esclarecer casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sur de México 2014 —algo a lo que se comprometió cuando llegó al poder— pero los partidos opositores lo ven como un cheque en blanco que propiciará la impunidad.
“Pongamos un límite para que la facultad de amnistía dure un año, siete o 10 años, pero no le dejemos las llaves de la cárcel eternamente a todos los presidentes del futuro”, dijo Enrique Gerardo Sosa, diputado del opositor Partido de Acción Nacional.
Hasta ahora, según la ley aprobada en 2020 por la actual administración, la posibilidad de amnistía estaba limitada a mujeres acusadas de abortar o a personas vulnerables encarceladas por delitos como robo simple o sedición y antes de concederse tenía que haber una decisión previa de una comisión formada por varias entidades.
Pero el nuevo artículo da al presidente la facultad de otorgar amnistía de forma directa “a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano”. El mismo mandatario tendrá, por tanto, la facultad de decidir cuáles son relevantes y cuáles no.
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Las organizaciones sociales temen sus consecuencias.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una entidad oficial capitalina, advirtió en un reciente comunicado que el cambio “desprotege a las víctimas en su derecho a ser reparadas” y deja vacíos en cuanto a los casos en que podrá aplicarse.
“Tiene más un sentido político que una auténtica condición de acceso al conocimiento de la verdad de casos de justicia transicional o de violaciones graves a derechos humanos”, explicó Sergio Méndez, abogado de la Fundación para la Justicia.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que la medida se parece a un “indulto presidencial extraordinario” que, si no tiene controles puede prestarse a un “uso discrecional” como ha ocurrido en otros países.
Y como colectivo que defiende a las víctimas del caso Ayotzinapa, recordó en unos recientes comentarios en sus redes sociales, que quien puede ofrecer información importante sobre lo ocurrido es el Ejército, entregando los documentos que no ha proporcionado.
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Con los cambios en la otra ley, la de amparo, López Obrador aspira a evitar bloqueos judiciales como los que han sufrido en el pasado a algunas de sus más importantes reformas, como la energética o, por ejemplo, su obra más emblemática, el turístico Tren Maya, que pretende concluir por el sureste mexicano antes de dejar el poder el próximo 30 de septiembre.
El mandatario tiene antecedentes de apresurar leyes a través del Congreso sin dar mucho tiempo para que los legisladores realmente lean los textos o ha impulsado sus proyectos de infraestructura exentándolos de los procesos normales de emisión de permisos o de las revisiones de impacto ambiental.
De ahí que muchas iniciativas hayan acabado paralizadas en los tribunales y varias llegaran hasta el máximo tribunal por problemas inconstitucionales, algo que parece se repetirá también con esta ley.
“Nos veremos en la Suprema Corte de Justicia”, anunció a los diputados de Morena la diputada del Partido de Acción Nacional Lizbeth Mata Lozano.
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