El exfiscal general mexicano Jesús Murillo, acusado de haber participado en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, será procesado penalmente, dictaminó el martes un juez en la capital de México.
El caso alcanzó gran notoriedad e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a a dilucidar.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que Murillo, de 74 años, será juzgado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Una persona pasa junto a una pared con fotos de algunos de los 43 estudiantes que desaparecieron del Colegio Rural de Maestros de Ayotzinapa. Tomada en Ciudad de México, el 19 de agosto de 2022.
Murillo, quien también fue exdiputado, senador y gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998, había sido detenido el pasado viernes, lo que constituye hasta ahora la detención del exfuncionario de más alto rango en el lamentable suceso.
El detenido estuvo a cargo de la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), tiempo en el que encabezó los esfuerzos del Gobierno por resolver lo sucedido, en un hecho que conmocionó al país y evidenció el grado de colusión entre autoridades y el crimen organizado.
También lea Cronología del Crimen de Ayotzinapa, en MéxicoUn grupo de expertos independientes, GIEI, halló serias fallas en las conclusiones dadas por el equipo fiscal de entonces, que sostenía que los alumnos de la escuela de la localidad Ayotzinapa, en el sureño estado Guerrero, habían sido incinerados en un basurero por órdenes de una banda criminal y que el exfuncionario llamó una "verdad histórica".
"Desde hace siete años han buscado una alternativa, han inventado muchas, y todas se caen", se defendió Murillo durante su audiencia de imputación, de acuerdo a medios locales.
"Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar (la verdad histórica)", agregó.
El mandatario López Obrador prometió esclarecer el crimen cuando asumió el cargo en 2018, después de que el GIEI dijera que el relato oficial original de lo ocurrido estaba plagado de errores y abusos, incluida la tortura de testigos.
Hasta la fecha sólo se han identificado definitivamente los restos de tres de los estudiantes, de los que se supo fueron secuestrados en la ciudad suroccidental de Iguala. La investigación de Murillo concluyó en su día que una banda local de narcotraficantes, que trabajaba con policías corruptos, mató a los normalistas tras confundirlos con miembros de un grupo rival.
*Parte de la información para este reporte provino de la agencia Reuters.
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