El país del continente donde los periodistas corren mayor peligro de ser víctimas de la violencia es México, según relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA.
Desde el año 2000 hasta la fecha 70 periodistas fueron asesinados en México, 13 de ellos en lo que va de este año, de acuerdo con un informe difundido este lunes en una videoconferencia.
Los relatores de Naciones Unidas, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero, hicieron públicas sus conclusiones este lunes luego de haber hecho una visita de evaluación a México en agosto del año pasado.
La Rue dijo que más allá de prejuzgar cuáles pueden ser los orígenes de la violencia, ésta tiene proporciones escandalosas en ese país.
El relator señaló que México ocupa “el primer lugar en violencia contra periodistas en el continente” y el “quinto lugar” a nivel mundial de acuerdo con la evaluación de la ONU.
La relatora de la OEA indicó que aunque en los últimos años se han registrado avances, todavía existen "enormes desafíos", y dijo que probablemente México es el país donde existen "mayores dificultades para el ejercicio de la libertad de expresión”.
Ambos destacaron la necesidad de que el gobierno mexicano enfrente con urgencia la tarea de proteger la integridad de los periodistas como parte de una política de seguridad pública.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación de México, Felipe de Jesús Zamora, recalcó que las autoridades mexicanas están comprometidas a garantizar la seguridad de los periodistas.
Como ejemplo, el funcionario mencionó algunas medidas legales como la que ha despenalizado en el país la calumnia y un convenio suscrito el año pasado para la protección de periodistas.
El informe de los relatores contiene recomendaciones específicas sobre cada uno de los siete aspectos abordados en el documento, entre ellos: violencia, impunidad, autocensura, y legislación penal en materia de libertad de expresión.
Una de esas recomendaciones plantea fortalecer con recursos económicos y personal la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, un organismo adscrito a la Procuraduría General de la República.