"¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" fue el grito en las enardecidas protestas que exigieron a las autoridades mexicanas encontrar a 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde hace tres semanas.
Cerca de 45.000 personas marcharon por las calles de la capital, mientras en Iguala, el lugar de la desaparición, el edificio de la municipalidad fue incendiado por manifestantes.
El procurador general Jesús Murillo Karam informó que se expidieron órdenes de detención contra el entonces alcalde de Iguala, su esposa y su secretario de Seguridad Pública "en su calidad de probables responsables como autores intelectuales" de la desaparición.
Los hechos sucedieron la noche del 26 de septiembre cuando estudiantes de Magisterio de Ayotzinapa, una comunidad del estado de Guerrero fueron atacados a balazos en Iguala por policías municipales cuando acababan de recaudar fondos para su escuela.
Los ataques, dejaron seis muertos y, según las investigaciones, 43 estudiantes sobrevivientes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos por los policías.
La conclusión a la que llegaron las autoridades se basa en el testimonio de los involucrados que dicen que el cartel de Guerreros Unidos recibió por radio avisos que había que deshacerse de los manifestantes por orden de A5, código que significaba el exalcalde José Luis Abarca.
Según la Procuraduría General de la nación, el exalcalde pensó que los normalistas pretendían boicotear una celebración de su esposa, María de los Ángeles Pineda, por su informe de actividades municipales. El procurador dijo que el exalcalde financiaba al grupo Guerreros Unidos con pagos de entre dos y tres millones de pesos mensuales.
Protestas similares a las de la capital se dieron también en Jalisco, Ciudad Juárez, Chiapas, Morelos y hasta en Argentina, donde unas 200 personas se manifestaron frente a la embajada de México.