El Senado de México aprobó el martes extender hasta 2028 la permanencia de los militares en las calles, en momentos en los que se han visto envueltos enpolémica tras la extracción de un cúmulo de comunicaciones electrónicas del Ejército por parte de un grupo de hackers.
Tras un maratónico debate que se prolongó por más de ocho horas, el Senado, controlado por el partido gobernante, aprobó por 87 votos a favor y 40 en contra, una reforma constitucional respaldada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que amplía de 5 a 9 años la participación de los militares en labores de seguridad pública.
Los senadores acordaron la modificación de un artículo transitorio de la Constitución, vigente desde 2019, que establecía que los militares debían permanecer fuera de los cuarteles hasta 2024.
La iniciativa será remitida ahora a la Cámara de Diputados, que deberá evaluar los cambios que realizaron los senadores a una reforma que fue discutida el mes pasado por la cámara baja, para su aprobación final.
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Al defender la reforma, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que la iniciativa permitirá dotar a la fuerza armada de una “base constitucional” y la someterá a un mecanismo de control parlamentario.
“Y vamos a luchar por recobrar nuestra seguridad. Confiemos en nuestras instituciones, en las fuerzas armadas”, indicó Monreal.
Durante su sexenio, López Obrador ha dejado en manos de los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de obras emblemáticas como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, el manejo de las aduanas y aeropuertos y la distribución de vacunas.
Parte de la oposición rechazó la reforma alegando que viola la Constitución, que establece que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.
“No necesitaría más en un Estado de derecho que lo que ya dice la Constitución”, afirmó Damián Zepeda, senador del opositor Partido de Acción Nacional, al acusar a López Obrador de incumplir las leyes. Durante su intervención, rompió algunos papeles y aseguró que el mandatario “así le va hacer al documento que van a aprobar (…) y lo va a tirar a la basura”.
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) debió negociar por casi dos semanas con senadores opositores para lograr los votos necesarios para aprobar la iniciativa. El primer debate de la propuesta tuvo lugar el 21 de septiembre, pero se suspendió porque el partido gobernante no contaba con votos suficientes para sacarla adelante.
Horas antes de que el Senado aprobara la reforma constitucional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un llamado a los legisladores a no aumentar la militarización en México y, en un mensaje en Twitter, dijo que el Ejército “no es incorruptible”, tal como indicó un informe de un grupo de expertos que investiga la desaparición de 43 estudiantes hace ocho años en el sur de México, donde resultaron implicados algunos oficiales que ya están detenidos.
Durante años, López Obrador defendió el retorno de los militares a los cuarteles, pero en los últimos meses el gobernante dio un giro a su postura alegando que, ante el recrudecimiento de la violencia, se requiere que la fuerza armada permanezca más tiempo en la calle. Desde 2006, los soldados han cumplido un papel clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional, que el mes pasado pasó a estar bajo el control del Ejército, y de otras fuerzas militares en diferentes estados, la inseguridad se ha mantenido en México.
En los últimos días, la Secretaría de la Defensa de México se ha visto envuelta en polémica luego que se dio a conocer que el grupo de hackers Guacamaya logró sustraer un cúmulo de sus correos electrónicos. Medios locales difundieron algunos de los archivos sustraídos, que incluyen planes estratégicos de la fuerza armada e informaciones sobre la salud de López Obrador.
El grupo Guacamaya hackeó también archivos de agencias militares y policiales de Chile, Colombia, Perú y El Salvador.
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